Empresario Vives Caballero no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía

El empresario Enrique Vives Caballero acompañado de su abogado, Alex Fernández.

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El procesado en una de sus intervenciones señaló que nunca ha querido evadir la justicia.
Tras la reanudación de la audiencia de imputación de cargos e imposición de medida de aseguramiento, el empresario Enrique Vives Caballero no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio doloso y lesiones personales.

El procesado a su momento indicó que, su no presencia a las citaciones anteriores se debió al mal estado de salud que padece y no un acto para evadir las acciones de la justicia.

Olmis Cotes, juez primera penal con funciones de control de garantías de Santa Marta, quien lleva el caso.
Olmis Cotes, juez primera penal con funciones de control de garantías de Santa Marta, quien lleva el caso.

“Quiero decir que, el estar presente en esta audiencia es un gran esfuerzo que estoy haciendo porque no me siento bien de salud, ya que es primera vez que me veo implicado en este tipo de situaciones”, dijo Vives Caballero quien, además se solidarizó con los familiares de las víctimas lamentando lo ocurrido.
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Entre tanto, en desarrollo de la vista pública realizada este viernes, y que hasta el cierre de esta edición no había culminado, el ente acusador a través del Fiscal Sexto URI, Arides Martínez López, señaló que el empresario y conductor del vehículo que ocasionó el accidente que dejó seis personas muertas y una gravemente herido, podría afrontar una condena que iría de 208 a 406 meses de cárcel.

Por su parte, los apoderados de los familiares de las víctimas solicitaron a la juez primera penal con funciones de control de garantías de Santa Marta, Olmis Cotes, que se emitiera medida cautelar y de embargo a los bienes del empresario procesado.
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Ante dicha petición, el abogado Alex Fernández, apoderado del procesado hizo sus alegatos en los que puso a disposición una póliza de seguro contractual del vehículo siniestrado por $4.500 millones de pesos para ser utilizada en la indemnización por los daños causados.