Fiscalía debe argumentar la información sobre extinción a bienes del gobernador

Judiciales - Local
Tamaño Letra
  • Smaller Small Medium Big Bigger


Fue admitida una tutela interpuesta por el mandatario departamental para que se le proteja su derecho fundamental al buen nombre.

En determinación adoptada por el Juzgado 21 de Familia de Bogotá que admitió una tutela le ordenó a la Fiscalía General de la Nación responder en las próximas 24 horas los argumentos en los que basó un comunicado de prensa emitido por el ente investigador en el que señalaba que 11 bienes del gobernador Carlos Caicedo fueron sometidos a extinción de dominio.

En el pronunciamiento tras la admisión de la tutela presentada por el mandatario para que se le proteja su derecho fundamental al buen nombre el juez consideró que, "Teniendo en cuenta que la anterior solicitud reúne los requisitos mínimos exigidos por el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, este despacho dispone: admitir la acción de tutela iniciada por Carlos Caicedo Omar en contra de la Dirección Nacional de Comunicaciones de la Fiscalía General de la Nación".

El Juez vinculó a la Fiscalía Cuarenta y Uno (41) de Administración Pública del Magdalena y a la Fiscalía Veintiuno (21) de Extinción de Dominio de Bogotá y ordenó se les notificara de la providencia y la notificación del proveído a la accionada y a las vinculadas.

Así mismo, que de conformidad con el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, se les comunicó que deben rendir un informe en el término de cuarenta y ocho (48) horas, "so pena de responsabilidad", respecto a los siguientes puntos:
Igualmente, la providencia mediante la cual se ordenó inscribir ante la Oficina de Instrumentos Públicos las medidas cautelares de embargo y secuestro y suspensión del poder dispositivo impuestas a 11 bienes del Gobernador del Magdalena, Carlos Eduardo Caicedo Omar y al exalcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martínez.

De la misma manera informar por qué se llegó a la conclusión de que de los cinco centros de salud a los que se les hicieron las adecuaciones dentro de la administración del accionante y la del ex alcalde Martínez, solo uno fue terminado.

También de por qué se llegó a la conclusión de que los contratos suscritos durante la gestión del accionante como alcalde representaron una renta ilícita de $4.129 millones de pesos y por qué tales contratos fueron cuestionados.