El empresario fue extraditado al país norteamericano el pasado octubre desde Cabo Verde, donde fue detenido en 2020 a raíz de una orden de captura internacional.
El juez federal de Miami a cargo del caso del empresario colombo-venezolano Alex Saab por lavado de dinero dictó una orden que acepta una parte y rechaza otra de una petición de la defensa para que el Gobierno de EEUU. le entregue documentos que probarían el supuesto estatus diplomático del acusado.
A grandes rasgos, el juez Robert M. Scola ordena a la Fiscalía que ponga a disposición de la defensa, a más tardar el 18 de octubre, “todos” los documentos no clasificados en poder del “equipo acusador”, salvo los del organismo de aduanas y fronteras, CPB de EE.UU.
Cuando se refieran a fuentes de la agencia antidrogas, DEA, de Estados Unidos deberán estar editados de manera que no se divulguen sus identidades, precisa el documento al que tuvo acceso Efe.
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Además, para el 18 de octubre, el Gobierno deberá revelar la cantidad de materiales clasificados con los que cuenta a la defensa de Saab, considerado el testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
“Nada en esta orden debe interpretarse como una limitación de la capacidad de Saab Morán de conseguir el material que busca a través de otras vías, tales como la Ley de Libertad de Información”, dice el juez.
“Tampoco debe interpretarse esta orden —subraya— como una manera de restringir al Gobierno a producir cualquier material relacionado con la extradición de Saab Moran y/o cualquier material en posesión de entidades más allá del ‘equipo de acusación’ sobre la voluntad del propio gobierno”.
Saab, de 50 años, fue extraditado a EE.UU. el pasado octubre desde Cabo Verde, donde fue detenido en 2020 a raíz de una orden de captura internacional
pedida por la justicia estadounidense.
Según la acusación, entre 2011 y por lo menos 2015, Saab y su socio Álvaro Pulido, que está prófugo, conspiraron con otros para lavar las ganancias de una red de corrupción sustentada en sobornos dirigidos a obtener contratos para realizar proyectos públicos y fraudes al sistema de control de cambio de divisas en Venezuela.
Saab y Pulido están acusados de transferir desde Venezuela, a través de EE.UU., aproximadamente 350 millones de dólares a cuentas que poseían o controlaban en otros países, de acuerdo con la Fiscalía.