Se han confirmado al menos 60 homicidios, el desplazamiento de más de 18,000 personas, y el confinamiento de 1,000, incluidas comunidades indígenas. También se reportan amenazas y asesinatos de líderes sociales y firmantes de paz.
La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) condenó las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por grupos armados en la región del Catatumbo, Norte de Santander, desde la semana pasada.
Según varias fuentes consultada por la Oficina, la ocurrencia del homicidio de al menos 60 personas, el desplazamiento forzado de más de 18 mil personas, el confinamiento de más de 1000 personas, incluyendo 23 comunidades indígenas del Pueblo Bari y comunidades del Pueblo Yukpa; la privación de libertad de 30 personas, la desescolarización de 46 mil niñas, niños y adolescentes, amenazas y estigmatización de liderazgos sociales; y homicidio de firmantes de paz, entre otras violaciones ocurridas en Tibú, Teorama, Sardinata, Convención, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Abrego.
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La situación se atribuye principalmente a la escalada de violencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), lo que ha tenido un impacto devastador en la población civil, especialmente en mujeres, niños y pueblos indígenas. ONU Derechos Humanos insta a los grupos armados a respetar los derechos humanos y cumplir con las normas del Derecho Internacional Humanitario.
La Oficina verificó, entre los homicidios reportados hasta la fecha, el homicidio de dos personas defensoras de derechos humanos, los líderes Carmelo Guerrero y Pedro María Ropero, así como múltiples amenazas en contra de liderazgos sociales de la región, quienes en muchos casos se desplazaron junto con sus familias a Ocaña y Cúcuta.
El organismo también destacó la labor del Estado en la asistencia humanitaria, pero pidió aumentar las acciones para proteger a las comunidades afectadas. Asimismo, solicitó que se apliquen medidas para desarticular organizaciones criminales y garantizar la seguridad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Finalmente, la ONU expresó su solidaridad con las víctimas y reafirmó su compromiso de seguir brindando apoyo para mejorar la situación en la región.