Incertidumbre empresarial en Colombia por cambios en el Tratado de Libre Comercio

María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, señaló que estos cambios podrían derivar en un exceso de intervención gubernamental en la aplicación del tratado, lo que impactaría negativamente en la confianza de los inversionistas.

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Uno de los puntos más polémicos es la restricción al uso del arbitraje internacional, que limitaría la capacidad de los inversionistas extranjeros para cuestionar decisiones judiciales.

La reciente firma de una nota interpretativa del Capítulo 10 del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos ha despertado preocupación en diversos sectores, particularmente entre los gremios empresariales.

La Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia) manifestó su inquietud ante los ajustes que, según la organización, podrían afectar el acceso de los inversionistas extranjeros a mecanismos internacionales de resolución de disputas, generando incertidumbre en el entorno jurídico del país.


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María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia, señaló que estos cambios podrían derivar en un exceso de intervención gubernamental en la aplicación del tratado, lo que impactaría negativamente en la confianza de los inversionistas.

Uno de los puntos más polémicos es la restricción al uso del arbitraje internacional, que limitaría la capacidad de los inversionistas extranjeros para cuestionar decisiones judiciales locales, incluso cuando estas sean consideradas injustas o contrarias a los principios del TLC. Según los gremios, esta medida representa un retroceso en la seguridad jurídica y elimina el principio de “expectativas legítimas” en el trato justo y equitativo.

Otro aspecto clave es la reafirmación del derecho de los gobiernos a imponer regulaciones ambientales que puedan afectar inversiones sin que esto implique compensaciones. Aunque estas modificaciones buscan proteger la soberanía en materia de política pública, han sido vistas como un riesgo para la estabilidad de las inversiones.


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El impacto podría traducirse en una disminución de la inversión extranjera, considerada fundamental para el desarrollo económico y la generación de empleo en Colombia. Además, las decisiones judiciales relacionadas con inversiones quedarían prácticamente excluidas de instancias internacionales de arbitraje, salvo en circunstancias excepcionales.


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