La oposición y distintos analistas económicos han manifestado sus preocupaciones sobre las implicaciones fiscales de esta reforma.
La reforma al Sistema General de Participaciones (SGP), promovida por el Gobierno Petro, continúa generando un debate en el Congreso de la República, a pesar de las críticas recibidas, la medida fue aprobada en la plenaria de la Cámara de Representantes la noche del lunes 2 de diciembre, lo que dejó en evidencia las divisiones entre quienes defienden y quienes se oponen a la iniciativa.
Los aliados del Gobierno celebraron la reforma que pretende buscar según ellos el fortalecimiento de la autonomía de los territorios, argumentando que permitirá una mayor equidad en las transferencias hacia los departamentos y municipios.
En ese sentido, el representante Diógenes Quintero, de las curules de paz, destacó la importancia de la reforma para cerrar brechas territoriales, mientras que el Ministerio del Interior explicó su valor como una de las reformas constitucionales más relevantes, resaltando los acuerdos alcanzados en cuanto al porcentaje de las transferencias, que se fijaron finalmente en el 39,5%.
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Sin embargo, la oposición y distintos analistas económicos han manifestado sus preocupaciones sobre las implicaciones fiscales de esta reforma. La representante de Alianza Verde, Katherine Miranda, reveló durante el debate una respuesta del Ministerio de Hacienda que estimaba que el costo de la reforma podría ser equivalente a la implementación de nueve reformas tributarias entre 2027 y 2035, con un valor que oscilaría entre 218 y 263 billones de pesos.
El Banco de la República también expresó su preocupación, advirtiendo que, de no existir una transferencia equilibrada de responsabilidades fiscales, la reforma podría generar riesgos macroeconómicos serios. Según el banco central, el aumento de las transferencias previsto por la reforma podría incrementar el déficit del Estado, pasando de un 2,8% a un 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2038. Además, se estima que la deuda neta del Gobierno podría aumentar del 54,9% al 64,6% del PIB, lo que empeoraría aún más la situación fiscal del país.
