Este decreto, que sigue las recomendaciones de la CIDH tras los eventos del estallido social de 2021, aplica a todo el personal policial y tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales.
El presidente y el ministro de Defensa, Iván Velásquez, firmaron el Decreto 1231 de 2024, el cual establece normas claras para regular el uso proporcional y diferenciado de la fuerza por parte de la Policía Nacional.
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Entre las principales disposiciones, el documento enfatiza la no discriminación por motivos de raza, género o nacionalidad, así como el uso de la fuerza como último recurso para proteger la vida e integridad de las personas. El Estado será responsable de las acciones u omisiones de la Policía en este marco.
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El decreto presenta once consideraciones para el uso de la fuerza, que incluyen recurrir primero a medios sustitutivos antes de aplicar cualquier tipo de violencia y utilizarla solo cuando sea estrictamente necesario. También se prohíben las excusas para el uso ilegítimo de la fuerza, y se establece que todos los policías recibirán entrenamiento sobre estos principios. El decreto también afecta a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, anteriormente conocida como Esmad. Se especifica que la fuerza solo podrá ser utilizada de manera necesaria, proporcional y racional, y únicamente cuando sea imprescindible para cumplir con un objetivo legítimo de aplicación de la ley. Además, se enfatiza que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben limitarse a usar la fuerza que sea razonablemente necesaria en situaciones como “dispersar una reunión, prevenir el delito o efectuar la detención legal de delincuentes o de presuntos delincuentes o ayudar a efectuarla”, especifica textualmente el decreto.