La aprobación de la reforma está pendiente y condicionada al visto bueno de las comisiones económicas del presupuesto general de 2025.
El Gobierno Nacional ha condicionado el pago de la opción tarifaria a la reforma tributaria, conocida como ley de financiamiento. Aunque se había anunciado un compromiso de $2 billones para resolver parte de la deuda mediante Findeter, los compromisos totales ascienden a $4,7 billones hasta abril pasado. La nueva propuesta del gobierno, presentada esta semana ante el Congreso, indica que los $2 billones solo cubrirían a los estratos 1, 2 y 3. El resto se obtendría a través de la emisión de nueva deuda.
El proyecto de ley permite que durante la vigencia fiscal de 2025, la Nación reconozca como deuda pública los saldos adeudados por los usuarios de energía eléctrica en los estratos mencionados, que podrán ser pagados mediante bonos u otros títulos de deuda pública. No obstante, este reconocimiento de deuda solo aplicaría al saldo adeudado al momento de la entrada en vigor del proyecto, en caso de ser aprobado.
Esta situación ha generado críticas y preocupación, ya que la reforma tributaria podría enfrentar retrasos debido a la oposición y la necesidad de recortes en el monto prometido, lo que complicaría la definición de la opción tarifaria.
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, y Andrés Felipe Gallegos, analista de Corficolombiana, han expresado su preocupación por la presión creciente en las facturas de energía, especialmente en la región Caribe, debido a los retrasos en la resolución de la crisis energética.
