El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo reveló un informe sobre la democracia en Colombia.
La polarización, la corrupción, el abandono estatal o la violencia pueden llevar a la consolidada democracia colombiana a la crisis, según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicado este miércoles, por lo que instó a buscar consensos sobre algunos problemas para evitarlos.
Hay "temas urgentes" en Colombia -la corrupción, la impunidad, la inseguridad y la violencia- que deberían generar un rechazo general y un consenso en su actuación, indicó el PNUD.
"No nos sirven que sean temas de partidos políticos, sino que como país estos son temas clave donde se tienen que buscar otras formas para resolverlos" porque si no se vuelven "una amenaza para la democracia", consideró la representante en Colombia del PNUD, Sara Ferrer, en la presentación del 'Informe sobre el futuro de la democracia en Colombia: Caminos para fortalecer la democracia'.
Por eso, consideró que el país debería "bajar el volumen a la polarización y sentarse a hablar".
"No hay sociedades ni democracias perfectas (...) pero sí tienen unos mínimos irrenunciables: el cumplimiento del Estado de derecho, la efectiva representación de los intereses de la ciudadanía, ofrecer garantías a la efectiva participación de los ciudadanos", afirmó.
En ese sentido, el informe da algún ejemplo: "el hecho de que el país se polarice incluso en torno a la muerte violenta de civiles desarmados (durante el paro nacional de 2021), evidencia que algunas facetas simbólicas y acuerdos mínimos alrededor del Estado de derecho y de la democracia están en crisis", y lo mismo sucede con el conflicto.
Por esas razones, "tener un Estado de derecho lo suficientemente fuerte para hacerle frente a estas amenazas, y que a su vez pueda ser garantista para no generar abusos y violaciones a los derechos humanos, es uno de los grandes retos sin cumplir de la democracia colombiana".
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Atajar la corrupción
Un país corrupto puede ser democrático, recuerda el PNUD, pero en Colombia "la corrupción y su poder de cooptar e incluso reconfigurar al Estado" ha estado entre los momentos en que la democracia colombiana estuvo en crisis.
"Colombia ha hecho importantes esfuerzos por combatir este fenómeno", añade el informe, que cita las 8.000 oficinas de control, entre procuradurías, contralorías, personerías, fiscalías auditorias, etc, pero no parece ser suficiente porque solamente entre 2016 y 2020 Transparencia por Colombia reportó 967 hechos de corrupción que comprometían 92 billones de pesos (unos 21.660 millones de dólares).
"La corrupción es percibida (en Colombia) como el principal problema del país, el Estado ha sido ineficaz en su lucha e históricamente la cultura política ha convivido con este fenómeno. Es plausible considerar un liderazgo carismático, populista y autoritario que pueda convertir este descontento en votos. Y si esto ya ha ocurrido en otros países, ¿qué impide que en el futuro también pase en este?", se pregunta el informe.
Por otro lado, está el hecho de que según la organización DeJusticia, el 62 % del territorio nacional, ocupado por cerca de siete millones de personas, tiene una presencia precaria del Estado.
Esto significa que "en Colombia, independientemente del modelo utilizado a lo largo de su historia, amplias zonas del país siguen abandonadas, no pueden disfrutar de los beneficios democráticos y el Estado de derecho solo existe jurídicamente pero no en la práctica".
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"Activismo judicial"
El PNUD también destaca que "para tener una democracia sólida, el sistema judicial debería tener la capacidad, como mínimo, de amparar los derechos de la ciudadanía ante cualquier amenaza de particulares o del Estado, resolver los conflictos que conozca, controlar posibles abusos de otras ramas del Estado e imponer sanciones efectivas por la infracción de las leyes y las reglas sociales".
Sin embargo, "Colombia está peligrosamente alejada de ese idea", destaca el informe, que señala que en múltiples ocasiones los jueces han tenido injerencia en política e instancias como la Corte Constitucional han sido protagonistas al promover cambios en derechos sociales, económicos o políticos.
"Este activismo judicial, como ha sido llamado, ha generado una serie de debates en la democracia colombiana", se lee, aunque hay quien considera "que ante la inoperancia de las instituciones estatales la Corte debe ser activa para proteger y garantizar derechos". EFE
