Esta medida apunta a reducir la elusión fiscal, ya que algunos contribuyentes utilizaban estos activos como una estrategia para disminuir su carga tributaria.
El Ministerio de Hacienda radicó ayer ante el Congreso una nueva reforma tributaria que incluye ajustes significativos al impuesto al patrimonio, con el objetivo de aumentar su progresividad y garantizar que los ciudadanos con mayores recursos contribuyan más al sistema fiscal.
A pesar de los cambios introducidos en la reforma de 2022, el ministro Ricardo Bonilla afirmó que aún persiste una “gran brecha” en la distribución de la carga tributaria. En 2023, sólo el 0,5% de los declarantes de renta, es decir, 32.118 contribuyentes, pagaron el impuesto al patrimonio. Con el nuevo proyecto de ley, el Gobierno busca ampliar la base de contribuyentes reduciendo el umbral de 72.000 UVT (aproximadamente $3.388 millones) a 40.000 UVT (alrededor de $1.882 millones). Esto significaría que más personas con mayores activos estarán sujetas a este tributo, elevando el número de afectados a 75.341 contribuyentes, lo que representa el 1,3% de quienes declaran renta.
El impuesto al patrimonio, que grava bienes y riquezas como propiedades, inversiones y dinero, se mantendrá con las tarifas marginales actuales, pero se introducirá una nueva tasa del 2% para el 0,1% de la población más rica, es decir, aquellos con patrimonios superiores a 240.000 UVT (aproximadamente $11.200 millones). Esta medida busca asegurar que las personas más adineradas contribuyan proporcionalmente más al recaudo fiscal.
Además, una de las principales novedades es la inclusión de un gravamen sobre los activos improductivos, aquellos que no generan ingresos y que no estaban sujetos a tributación anteriormente.
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El ministro Bonilla destacó la importancia de identificar estos bienes improductivos, en manos de los “superricos” del país, para asegurar una tributación más equitativa. Asimismo, el Gobierno planea mantener el descuento del IVA pagado en activos fijos reales productivos, para fomentar la inversión en maquinaria e insumos por parte de empresas, pero impondrá un impuesto a los activos no productivos para evitar que se utilicen como vehículos para evadir impuestos.
El proyecto de ley proyecta un recaudo de $875.400 millones para 2025, cifra que ascendería a $928.000 millones en 2026 y $985.000 millones en 2027. Si bien se espera que el aumento en la carga tributaria afecte ligeramente el consumo privado (-0,1 puntos porcentuales en 2025), el uso de estos recursos para inversión pública impulsaría el crecimiento económico, agregando 0,05 puntos porcentuales al crecimiento promedio entre 2025 y 2030.
El ministro Bonilla concluyó señalando que la reforma es clave para garantizar una mayor progresividad en el sistema tributario, gravando de forma más justa a quienes poseen grandes patrimonios y contribuyendo a la reducción de la inequidad en el país.