Entre estos se incluyen pagos de honorarios a miembros de juntas directivas, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates.
La Contraloría General de la República reveló esta semana una serie de hallazgos fiscales que implican a 24 Entidades Promotoras de Salud (EPS) en el mal manejo de recursos públicos, alcanzando un monto de más de $6 billones.
Estas entidades habrían utilizado recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) correspondientes a 2020 para saldar deudas de vigencias anteriores, un hecho que desató un escándalo en el sector salud.
De acuerdo con el informe de la Contraloría, estos recursos, destinados a la atención en salud durante la pandemia de COVID-19, fueron desviados para cubrir una amplia gama de gastos no relacionados con la atención médica. Entre estos, se incluyen pagos de honorarios a miembros de Juntas Directivas, vales de gasolina, anticipos de viajes, clases de yoga y pilates, bonos de regalos, publicidad radial, gastos de nómina, y planes de salud complementarios, entre otros.
Julián Niño Carrillo, contralor delegado para el sector salud, explicó que la pandemia reveló un problema estructural en el manejo de los recursos de la UPC. Durante el confinamiento, la reducción en la demanda de servicios de salud llevó a que se giraran recursos completos a las EPS, pero la facturación de los prestadores fue mucho menor.
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En consecuencia, $6 billones que no fueron ejecutados debieron haber sido devueltos al sistema, como lo establece el marco normativo, dado que se trata de recursos de naturaleza pública.
En 2020, el Gobierno, a través del Decreto 600, permitió excepcionalmente que las EPS usaran sus reservas técnicas para generar flujo de caja y cubrir deudas de años anteriores. Sin embargo, los recursos excedentes de la UPC debieron ser reintegrados al sistema de salud. Pese a esta posibilidad, solo cinco EPS hicieron uso de esta normativa: Salud Total, Sanitas, Mutual Ser, Coosalud, y Fundación Mía EPS, que en conjunto pagaron poco más de $18.000 millones en deudas, una cifra significativamente inferior a los $6 billones que debían ser reintegrados.
El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, cuestionó severamente las prácticas de las EPS, subrayando que muchas de estas deudas eran de más de 15 años atrás, e incluso algunas ya prescritas. También criticó el uso indebido de los recursos para fines personales, como el pago de honorarios a directivos. Rodríguez enfatizó que las deudas de vigencias anteriores son un pasivo propio de las EPS, y no del sistema de salud, lo que constituye una violación de los principios de legalidad y destinación específica de los recursos públicos.
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La Contraloría señaló que el mal manejo de estos fondos contribuye a descalzar financieramente el sistema de salud de manera estructural, afectando su sostenibilidad y eficiencia. Ante esta situación, el informe de la Contraloría servirá como base para una discusión más amplia sobre la gestión de los recursos de la UPC, en un sector que sigue lidiando con las secuelas financieras y operativas de la pandemia.
Mientras las investigaciones continúan, la Contraloría General insta a una revisión profunda del manejo de los recursos públicos en las EPS, para asegurar que sean utilizados de manera eficiente y dentro del marco legal establecido, protegiendo así el derecho a la salud de todos los colombianos.
