Alarma por desplazamiento y confinamiento en Colombia

En la imagen los dos casos siniestros en el que una pareja perdió el control de su moto, una de las víctimas murió al instante, mientras que su pareja se encuentra con prónostico reservado.

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La Defensoría del Pueblo presenta un informe de gran trascendencia que revela la alarmante situación de desplazamiento forzado masivo y confinamiento colectivo que azota a Colombia durante los primeros cinco meses del presente año. Entre enero y mayo, se han registrado 41 eventos de desplazamiento forzado masivo, afectando a 13.588 personas (5.374 familias), y 33 eventos de confinamiento, poniendo en riesgo a 148 comunidades y 20.603 personas (9.478 familias).

Nariño, Cauca, Antioquia, Valle del Cauca, Chocó, Caquetá y Bolívar se erigen como los departamentos con mayor concentración de estos hechos, lo que configura una grave violación a los derechos humanos y una clara infracción al derecho internacional humanitario.


Ante este panorama desalentador, la Defensoría del Pueblo ha emitido un llamado urgente a las autoridades competentes para que adopten medidas contundentes y efectivas para atender esta crisis humanitaria que aqueja al país. Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Expedición de un acto administrativo que establezca una ruta de atención y asistencia integral, real y efectiva, a las víctimas de confinamiento.

Agilización de los tiempos de atención y asistencia a las víctimas de desplazamiento forzado, garantizando su acceso a derechos fundamentales.

Eliminación de prácticas inconstitucionales o bloqueos institucionales que obstaculicen la ruta de atención y asistencia a las víctimas.

Flexibilización de requisitos burocráticos para la obtención de censos de víctimas de confinamiento, facilitando su identificación y atención.

Implementación de acciones de prevención y protección focalizadas en zonas de emergencias humanitarias recurrentes, mitigando los riesgos de desplazamiento y confinamiento.

Priorización en la atención y asistencia a las víctimas de desplazamiento forzado, riesgo de desplazamiento y confinamiento, garantizando su bienestar y dignidad.

La entidad también ha hecho hincapié en la necesidad de fortalecer la presencia institucional en las zonas afectadas y de garantizar la seguridad de las comunidades. La situación actual exige una respuesta inmediata y efectiva por parte del Estado colombiano para proteger los derechos de las personas más vulnerables y garantizar su bienestar.



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