En los lugares advertidos con la emisión de la Alerta Temprana 004 del 2024 hay altos índices de población flotante, y una densidad importante del territorio concentra actividades comerciales e industriales.
Es preponderante, recomienda el Defensor del Pueblo, que las autoridades civiles y los cuerpos de seguridad del Distrito implementen medidas efectivas de prevención, atención y protección para los distintos tipos de poblaciones de las 22 UPZ (donde habitan alrededor de 954.000 personas) en riesgo.
“La expansión de la violencia en Bogotá, originada por disputas entre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y el grupo criminal ‘Tren de Aragua’, es la principal causa por la que emitimos la Alerta Temprana 004 del 2024. Es una forma de advertir a las autoridades sobre el riesgo que aumenta para un número importante de habitantes de nueve localidades de la capital colombiana”, indica el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
La Alerta Temprana (AT) indica que persiste la violencia en Los Mártires, Santa Fe, Puente Aranda y La Candelaria, tal como lo había indicado en el 2019 con su Alerta 046. Pero esa situación está sucediendo ahora en Antonio Nariño, Tunjuelito, Chapinero, Teusaquillo y Barrios Unidos.
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Las formas de violencia en 22 UPZ
En el trabajo de la Defensoría por la ciudad, sus funcionarios establecieron cómo la exacerbación de la violencia selectiva e indiscriminada se ha configurado a través de amenazas de muerte, homicidios selectivos o masacres, desapariciones forzadas y extorsiones. Las personas están siendo víctimas de métodos y medios que generan terror en la población civil, tales como panfletos, llamadas intimidantes, videos o correos electrónicos amenazantes.
Son fenómenos de violencia, documenta la AT, que concretamente exponen a los habitantes de 22 UPZ (unidades de planeamiento zonal donde habitan alrededor de 954.000 personas, el 11.8% de la población total de Bogotá) de las nueve localidades. En esas UPZ hay altos índices de población flotante, así como una densidad importante del territorio donde se llevan a cabo actividades relacionadas con el comercio y la industria.
Además, se registró el control que ejercen los grupos criminales de redes de trata y explotación sexual, mendicidad ajena y trabajos forzados. Igualmente, se mantiene el riesgo por vinculación, uso y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, principalmente para expendio de drogas y armas. Por todo esto, se dieron casos de desplazamientos forzados intraurbanos.
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Las alianzas criminales
Las acciones criminales son cometidas por grupos con los que tienen alianzas tanto las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC - Clan del Golfo) como el 'Tren de Aragua'.
"El ‘Tren de Aragua’ financia a ‘Los Satanás’, que está en guerra por el territorio contra grupos criminales vinculados a las AGC, como la ‘Oficina de San Andresito’ y ‘Los Boyacos’, entre otras estructuras locales, como ‘Los Camilos’, ‘Los Costeños’, ‘Los Paisas’ y ‘Los Pereiranos’”, enfatiza Carlos Camargo Assis.
Bogotá vive su propio conflicto interno, continúa el Defensor, “que, como en otras regiones, está permeado por el narcotráfico, por eso el llamado urgente es a que las variadas formas de violencia no avancen a otras zonas de la capital de los colombianos, pero también, a que sean contenidas y, en el mejor de los casos, anuladas”.
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Población con mayor riesgo
La entidad de derechos humanos hace énfasis en que hay riesgo para todos los habitantes, sin embargo, existen condiciones críticas para la población socialmente estigmatizada, como recicladores y carreteros, personas dedicadas a actividades sexuales en contextos de prostitución, migrantes venezolanos y consumidores de sustancias psicoactivas, que la hace más susceptible a ser instrumentalizada por los grupos criminales en las localidades advertidas en la recientemente emitida AT 004.
“La implementación de medidas efectivas de prevención, atención y protección, a cargo de las autoridades civiles y las fuerzas del orden del Distrito Capital, se hace necesaria en estos momentos para salvaguardar las distintas poblaciones que habitan en las 22 UPZ de las nueve localidades en riesgo”, es el llamado del Defensor del Pueblo.