Defensoría del Pueblo le solicita al Eln levantar paro armado en Chocó

A contadas horas de que inicie el quinto ciclo de diálogos entre el grupo ilegal y el Gobierno Nacional, esa guerrilla decretó una nueva restricción a la movilidad.

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Para la entidad encargada de proteger los derechos humanos en Colombia, el paro afecta gravemente los derechos fundamentales de las comunidades. Alrededor de 80 comunidades étnicas, el equivalente a unas 10.000 personas, se verían afectadas.

 A través de un audio enviado por redes sociales, el grupo Ernesto Che Guevara, del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez (del Eln), comunicó un nuevo paro armado, indefinido, en los ríos Cajón, Sipí y San Juan y los municipios de Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Sipí y Litoral del San Juan, incluidas sus zonas rurales, situación por la que el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, le hizo una exigencia a esa estructura al margen de la ley.

 “Le solicitamos levantar el paro armado, pues afecta gravemente los derechos fundamentales de la comunidad, ya que restringe la movilidad, no permite el abastecimiento de alimentos y obstruye las tareas diarias de los moradores, como el trabajo en el campo y la pesca”, expresó Carlos Camargo Assis.

 Luego del proceso electoral de octubre, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han estado en continuos combates. Precisamente, el 28 de noviembre, día en que fue decretado el paro, en cercanías al corregimiento Puerto Murillo, se presentaron acciones armadas, los techos de algunas viviendas resultaron afectadas. El objetivo de las disputas era el control territorial y poblacional de cinco municipios: Medio San Juan, Nóvita, Istmina, Sipí y Litoral del San Juan.

 “Les insistimos a los grupos armados que dejen por fuera de sus acciones bélicas a la población civil, los enfrentamientos y paros armados violan los derechos fundamentales y transgreden los postulados del derecho internacional humanitario”, señaló el Defensor del Pueblo.

 El nuevo paro armado, el sexto del año decretado por el ELN en el departamento, afectaría a más de 80 comunidades étnicas, el equivalente a alrededor de 10.000 personas.


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 “No es posible que en el previo del inicio del quinto ciclo de conversaciones entre las delegaciones del Gobierno y del Eln esa guerrilla imponga restricciones a la movilidad en un departamento que por años ha sido víctima permanente del conflicto armado. ¿Dónde están las manifestaciones y buenas intenciones de paz?, ¿con más vulneraciones a los derechos de las comunidades?”, manifestó Camargo Assis.

 Un dato adicional que denota la preocupante situación: Chocó es el departamento con más confinamientos en el país, pues en lo corrido del 2023 se han presentado 125 eventos.

 

 Las acciones de la Defensoría del Pueblo

 Entre el 2018 y lo que va de este año, la Defensoría del Pueblo ha emitido 42 Alertas Tempranas para 27 de los 30 municipios con los que cuenta ese departamento del Pacífico colombiano.

 Río Iró, Unguía, Juradó, Bagadó, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Nuquí, Bahía Solano, Sipí, San José del Palmar, Nóvita, Condoto, Litoral del San Juan, Istmina, Medio San Juan, Bojayá, Medio Atrato, Cértegui, Riosucio, El Carmen del Darién, Tadó, Acandí, Lloró, Río Quito, El Cantón del San Pablo y Quibdó son las poblaciones advertidas por la entidad.

 Finalmente, el Defensor del Pueblo instó a las autoridades territoriales a prestarles la ayuda humanitaria necesaria a las familias que, una vez más y para proteger su integridad y vida, deben confiarse, y a la fuerza pública, garantizarles la seguridad a los pobladores de la zona con restricción a la libre movilidad.


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