Fallos judiciales recientes, incluyendo la deducción de regalías en impuestos y cambios, generan incertidumbre en el recaudo tributario.
Decisiones recientes de la Corte Constitucional que afectan el recaudo esperado por la reforma tributaria de 2022 en Colombia, lo que genera preocupación en el Gobierno de Gustavo Petro debido a la desfinanciación resultante.
Los fallos judiciales en cuestión se refieren a la deducción de regalías por parte de empresas de minería y petróleo en su impuesto de renta, lo cual había sido prohibido por la reforma tributaria. La Corte Constitucional declaró esta medida inconstitucional, generando una disminución significativa en los ingresos proyectados por el Ministerio de Hacienda: se estimaba recaudar varios billones de pesos en los próximos años, pero esto se ve comprometido por los fallos judiciales.
El presidente Petro expresó su desacuerdo con estas decisiones, argumentando que otorgan beneficios fiscales a empresas poderosas y afectan el gasto social del país. Por otro lado, figuras como José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda y autor de la reforma tributaria, también expresaron su desacuerdo con la decisión judicial, destacando que las regalías no deben considerarse como costos de producción deducibles en el impuesto de renta.
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Además de este revés en la recaudación por parte del sector extractivo, otra decisión previa que afecta el recaudo proviene de las empresas en zonas francas, donde solo se aplicarían mayores impuestos a las nuevas empresas y no a las ya existentes, lo que representa una pérdida adicional para el Gobierno.
Estas reducciones en el recaudo impactan directamente en el presupuesto general de la Nación, el cual ya estaba considerado desfinanciado para el próximo año. Se espera una recaudación considerable a través del arbitraje de la Dian en litigios con particulares, pero la falta de herramientas legales para llevar a cabo esto genera incertidumbre sobre la viabilidad de obtener esos recursos.
Ante esta situación, se plantea la posibilidad de recortar gastos en el presupuesto general, lo cual podría afectar áreas como la educación que había logrado asignaciones históricas. Esto, junto con la posibilidad de un aumento en el endeudamiento, plantea desafíos significativos para el equilibrio fiscal del país.
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Las calificadoras de riesgo también han expresado preocupación por esta situación, señalando la necesidad de reformas tributarias frecuentes en Colombia y advirtiendo sobre la posibilidad de una nueva reforma para enfrentar los desafíos financieros.En resumen, la combinación de decisiones judiciales que reducen el recaudo fiscal y la falta de herramientas para recuperar ingresos perdidos plantea serios desafíos para el presupuesto nacional y la reactivación económica en un momento de contracción económica que requiere inversión social.
