La Corte Constitucional anula decreto de emergencia en La Guajira

El Gobierno Nacional había promulgado el Decreto 1085 el pasado 2 de julio, con la intención de hacer frente a la crisis en La Guajira. Sin embargo, tras esta declaratoria, se firmaron un total de 13 decretos para tomar medidas específicas destinadas a aliviar la difícil situación en la región.

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Esta decisión se produce después de un análisis exhaustivo de la situación y su impacto en la región.


La Corte Constitucional de Colombia ha tomado una decisión trascendental al tumbar el Decreto 1085 del año 2023, que había declarado la emergencia económica, social y ecológica en el departamento de La Guajira. La Corte ha otorgado un plazo de un año al Gobierno del Presidente Petro y al Congreso para abordar y resolver la grave crisis humanitaria causada por la escasez de agua en esta zona del país.

 El Gobierno Nacional había promulgado el Decreto 1085 el pasado 2 de julio, con la intención de hacer frente a la crisis en La Guajira. Sin embargo, tras esta declaratoria, se firmaron un total de 13 decretos para tomar medidas específicas destinadas a aliviar la difícil situación en la región.

 La Procuraduría General de la Nación había expresado su preocupación y objeción ante el alto tribunal, argumentando que el decreto era inconstitucional. Según la entidad, la situación en La Guajira no era considerada "sobreviniente" y podía ser abordada y resuelta a través de una gestión administrativa más eficiente.


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 Ante la decisión de la Corte, el Ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, manifestó su respeto por el fallo y destacó positivamente el plazo de un año otorgado para atender la crisis en La Guajira. "Respetamos la decisión de la Corte y nos ajustaremos a ella", afirmó el Ministro, añadiendo que el Gobierno se encuentra en proceso de preparar proyectos de ley para presentar al Congreso y cumplir con las directrices establecidas por la Corte Constitucional.

 La anulación del Decreto 1085 también implica la caída del primer decreto emitido por el Gobierno Nacional en virtud del estado de emergencia económica en La Guajira. Este decreto otorgaba al Ministerio de Vivienda la autorización para realizar contrataciones directas con el propósito de garantizar el acceso al agua y saneamiento básico en la región, así como para contratar una fiducia mercantil destinada a la ejecución de proyectos de agua.

 La Casa de Nariño había identificado previamente 11 sectores prioritarios para abordar la crisis humanitaria y los fenómenos climáticos de alto impacto en La Guajira. Ahora, el Gobierno Nacional deberá enfrentar estas situaciones a través de los mecanismos normales, mientras trabaja incansablemente para encontrar soluciones efectivas que beneficien a los habitantes de la región y mitiguen los efectos devastadores de la escasez de agua en La Guajira.

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