La Defensoría del Pueblo registró 1.080 eventos entre enero y agosto, e identificó los mecanismos más usados por los ciudadanos para expresar su insatisfacción.
Estos conflictos se distribuyeron en 310 municipios de 30 departamentos, con Bogotá liderando el número de incidentes con un 15%, seguida de Magdalena, Bolívar y Santander, cada uno con un 7%. Las principales causas de estos conflictos en 2023 incluyen disputas laborales (16%), demandas por el derecho a la educación (15%), tensiones relacionadas con la inversión estatal (12%), problemas en el sector del transporte (11%), y reclamos por derechos a la vida, integridad y seguridad (11%). Además, los problemas en la prestación de servicios públicos domiciliarios representaron el 10% de los conflictos.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, enfatizó la importancia de prevenir que estas protestas se conviertan en situaciones violentas y llamó a un seguimiento riguroso de los acuerdos firmados en mesas de diálogo con las comunidades y organizaciones sociales. Mayo y julio fueron los meses con el mayor número de eventos conflictivos, con 165 y 169 incidentes, respectivamente.
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El informe también destaca la importancia de establecer plazos claros para el cumplimiento de los acuerdos en las mesas de diálogo, ya que el 61.2% de los compromisos no tenían un plazo definido, lo que dificulta su seguimiento y cumplimiento.
La Defensoría del Pueblo ha actuado como mediador y garante de derechos humanos en 165 mesas de diálogo durante el mismo período, un aumento del 120% en comparación con el año anterior.
Se anticipa que en lo que queda del año, los conflictos sociales estarán relacionados con proyectos legislativos, elecciones, el fenómeno de El Niño, la actividad minera, el sector agropecuario, el transporte y los problemas en la prestación de servicios públicos domiciliarios.
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