Ciberataque a Salud: Servicios a usuarios permanecen intactos

La imagen representa los esfuerzos continuos del sector de la salud para garantizar la prestación de servicios durante el ciberataque.

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El Ministerio de Salud implementa plan de contingencia para garantizar la prestación de servicios de salud.


Un ciberataque a gran escala ha afectado a las entidades de salud en Colombia, poniendo en riesgo la operación de sistemas vitales. A pesar de este incidente, el Ministerio de Salud ha implementado un sólido plan de contingencia para asegurar que los servicios a los usuarios no se vean perjudicados.

La herramienta tecnológica MIPRES, diseñada para prescribir servicios complementarios y tecnologías en salud que no son financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), fue una de las más afectadas por el incidente de ciberseguridad en el Datacenter del proveedor de servicios tecnológicos IFX Networks Colombia S.A.S.

Aproximadamente el 7 % de todas las tecnologías prescritas en el país se gestionan a través de MIPRES. Para garantizar la continuidad de los servicios de salud, el Ministerio de Salud ha establecido que las EPS, EOC, IPS y proveedores cumplan sus funciones de forma manual mediante el uso de formularios de contingencia. Además, el Ministerio proporcionará lineamientos para el ciclo completo de prestaciones durante esta contingencia.

El sistema RUAF ND, utilizado para el registro en línea de nacimientos y defunciones desde 2008, también sufrió el impacto del ciberataque. Para evitar que los ciudadanos se vean afectados al solicitar certificados de nacimiento o defunción, se ha implementado un plan de contingencia que incluye el envío de formularios físicos tradicionales a las IPS y entidades territoriales.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha estado trabajando en la evaluación de riesgos y afectaciones a las bases de datos de la entidad para minimizar el impacto y restaurar el funcionamiento de las aplicaciones afectadas.

En un contexto relacionado, el ciberataque también afectó a la rama judicial, obligando a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia a suspender términos entre el 8 y el 20 de septiembre. Esta suspensión no aplica a acciones constitucionales y se evaluará la situación el 20 de septiembre para determinar próximas acciones. La atención presencial y las audiencias programadas continuarán, a pesar de la suspensión de términos.






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