Laura Sarabia habría renunciado a su cargo en el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
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Velasco explicó que la presentación de la carta de renuncia no implica reconocer responsabilidad alguna, sino asumir una actitud políticamente responsable para permitir al presidente tomar decisiones sin sentirse atado. La renuncia de Sarabia se produce después de las acusaciones de su exniñera, Marelbys Meza Buelvas, quien denunció en la revista Semana que fue sometida a una prueba de polígrafo en un sótano del edificio Galán, adscrito a la Presidencia, tras ser acusada del robo.
Tanto Sarabia como la Presidencia han respaldado el proceso y han asegurado que los procedimientos de confiabilidad cumplen con las autorizaciones legales y están respaldados por material audiovisual en custodia de la Jefatura de Protección Presidencial. La Jefatura para la Protección Presidencial de la República rechazó las acusaciones de abuso de poder, mal uso de recursos públicos y maltrato a personas indefensas.
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Sin embargo, el fiscal general, Francisco Barbosa, reveló que la exniñera fue objeto de interceptaciones telefónicas desde el mismo día en que se le realizó la prueba del polígrafo, el 30 de enero. Ante estas nuevas revelaciones, el presidente Gustavo Petro se reunió con Sarabia y el embajador en Venezuela, Armando Benedetti, quien también se vio involucrado en el escándalo.
Petro calificó de irresponsabilidad acusar al gobierno de realizar interceptaciones ilegales y afirmó que ningún miembro del gobierno ha ordenado tales acciones. El presidente anunció que se pronunciará el viernes sobre las decisiones que ha tomado en relación con el caso del polígrafo.
Acusar al gobierno del cambio de interceptaciones ilegales es de tamaña irresponsabilidad. Ningún miembro del gobierno ha dado ninguna orden de interceptaciones telefónicas.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) June 2, 2023
Mañana nos pronunciaremos sobre las decisiones que he tomado alrededor del caso del polígrafo
La renuncia de Laura Sarabia marca un nuevo capítulo en este escándalo que ha sacudido al Gobierno de Gustavo Petro y ha generado fuertes debates sobre la transparencia y el respeto a los derechos de las personas dentro de la administración pública. La investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.