La entidad les hizo un llamado a las autoridades competentes para que atiendan la contingencia y protejan los derechos fundamentales a la vida, salud, vivienda digna, seguridad alimentaria y educación de las familias en situación de vulnerabilidad.
Tras el sismo del pasado 24 mayo, movimiento que se sintió en buena parte de la geografía nacional, y lo registrado el 29 del mismo mes en Puerto Escondido, Córdoba, un equipo de la Defensoría del Pueblo se desplazó hasta ese municipio para revisar las condiciones y afectaciones derivadas de los fenómenos geológicos.
“Hacemos un llamado a las autoridades nacionales, departamentales y locales para que, de forma articulada, asistan la contingencia provocada por los movimientos telúricos de los últimos días en Puerto Escondido. Invocamos la salvaguarda del derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, en congruencia con la protección de los derechos fundamentales a la vida, salud, educación, seguridad alimentaria y vivienda digna”, expresó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo estuvieron en el albergue temporal, en el Centro de Vida del Cerro Santa Cruz, donde en este momento hay quince familias que se vieron obligadas a evacuar sus viviendas.
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“Sobre este punto en particular, hago un llamado al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que acompañe los procesos a los que haya lugar, dada la presencia de niñas y niños en el albergue”, solicitó Carlos Camargo Assis.
Para definir una línea de acción que permita atender la emergencia, la Defensoría del Pueblo, así mismo, participó en el Puesto de Mando Unificado Ampliado que fue realizado este 31 de mayo en las instalaciones de la Alcaldía de Puerto Escondido y del que formaron parte distintas entidades.
“Exhortó a los concejos locales, a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para que actualicen los planes de gestión del riesgo y den cumplimiento a los estándares de protección efectiva de los derechos de las comunidades”, precisó el Defensor del Pueblo.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo hace hincapié en que las autoridades municipales y departamentales deben censar, cuanto antes, a la población potencialmente afectada para que le entreguen de manera oportuna las ayudas humanitarias.
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“Insistimos en que los albergues temporales deben garantizar el bienestar de las comunidades. Reiteró el compromiso y acompañamiento continuo de esta institución nacional de derechos humanos a todas las comunidades afectadas, y reitero la necesidad de aunar esfuerzos interinstitucionales que tiendan a la garantía efectiva de los derechos de las familias que se vieron en riesgo y tuvieron que abandonar sus viviendas”, puntualizó el Defensor del Pueblo.