El gobierno nacional pone en cuestionamiento, según el funcionario, la voluntad del Clan del Golfo.
El Gobierno colombiano, que ha acusado al Clan del Golfo de instigar un paro minero en el noroeste del país con acciones violentas como la quema de varias ambulancias, cree que actos de este tipo ponen en duda que este grupo, el mayor del país, tenga una voluntad de paz.
"Cualquier acción de presión y de coacción sobre la población civil, cualquier ejercicio abusivo de la fuerza como ha ocurrido en el Bajo Cauca, además de rechazable y repudiable, pone en cuestionamiento la voluntad de construir paz y pone en cuestionamiento la posibilidad de un cese al fuego", dijo el Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda.
El ministro del Interior de Colombia, Alfonso Prada, aseguró que el Gobierno no cierra la posibilidad de suspender el cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, que rompió ese compromiso en los últimos días durante un paro minero en la región del Bajo Cauca.
"No ha estado sobre la mesa la suspensión o el levantamiento del cese, pero no se cierra la posibilidad de que se levante en cualquier momento en la medida en que no haya condiciones para garantizar la tranquilidad en el territorio", expresó el alto funcionario a periodistas.
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En la misma línea se mostró Rueda, quien aseguró que "por supuesto" ha corrido riesgo el cese al fuego durante estas acciones de hostigamiento y amedrantamiento de la población de esta zona que ponen "en cuestionamiento lo que se puede lograr a través de avances en un cese del fuego".
A diferencia del Eln o de las disidencias de las Farc, el Gobierno nacional no quiere reconocerle estatus político a este grupo delincuencial.
Ponen en cuestionamiento, según el funcionario, la voluntad del Clan del Golfo -también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia Agc- para negociar con el Gobierno.
El Gobierno, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz Oapc, ya ha realizado contactos preliminares con este grupo, que está formado por unas 9.000 personas y tiene control en 14 departamentos, sobre todo el Pacífico y Caribe.
"Ha habido diálogos, conversaciones, hay dificultades, hay reveses", aseguró Rueda en una entrevista donde explicó su decepción porque no se haya accedido a la petición de "levantamiento temporal de las órdenes de captura nacionales e internacionales en territorio colombiano", que le permitiría a la cúpula de este grupo negociar, como ya se hizo con sus antecesores, las Autodefensas Unidas de Colombia Auc.
Sometimiento a la justicia
A diferencia del Eln o de las disidencias de las Farc, el Gobierno nacional no quiere reconocerle estatus político a este grupo, dedicado sobre todo al narcotráfico y otras actividades ilícitas como la minería ilegal, y en cambio ofrecer un sometimiento a la justicia.
"Ellos tienen claro quiénes son y eso significa que son un grupo que tiene una naturaleza que no es política, pero eso no desconoce que tienen un ejercicio de control social territorial en vastos territorios de Colombia como lo demostraron antes de iniciar este gobierno en mayo del año pasado en un paro armado", explicó el Alto Comisionado.
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En estas conversaciones, que aún se presentan lejanas, "la extradición no está en negociación; las excarcelaciones, tampoco", explica Rueda, quien apunta a que el marco de estas conversaciones saldrá de la ley de sometimiento a la justicia que justamente se radicó ayer para su debate en el Congreso.
"El propósito es que transiten al Estado de Derecho, respetando los derechos de las víctimas, respetando la Constitución y la ley existente y buscando garantías para un proceso colectivo de transición al Estado de Derecho que posibilite las transformaciones territoriales", alegó. EFE