Ayer lunes comenzaron en Valledupar las audiencias de reconocimiento del segundo auto de acusación formulado por la JEP contra militares por los "falsos positivos".
Representantes de pueblos indígenas de la Sierra Nevada, pidieron a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, que en su caso sobre ejecuciones de inocentes por parte del Ejército tengan en cuenta todos los casos de "falsos positivos" que ocurrieron en sus territorios.
Así lo aseguraron durante la audiencia de reconocimiento del subcaso de la costa Caribe que se desarrolla en la ciudad de Valledupar, donde se espera que 13 militares que formaron parte del Batallón La Popa reconozcan públicamente su implicación y responsabilidad en la comisión de 127 asesinatos y desapariciones de jóvenes inocentes para presentarlos como bajas guerrilleras en combate.
El comisionado de Derechos Humanos del pueblo wiwa, Pedro Loperena, aseguró que en su pueblo ocurrieron "50 ejecuciones extrajudiciales" que cometió tanto este Batallón como otros dos más que actuaron en los departamentos de La Guajira y el Cesar y no solo las 3 que reconoce en el caso la JEP.
Sin embargo, Loperena agradeció a esta justicia especial por recuperar los casos que llevaban escondidos años en la Fiscalía y que "tenía la justicia militar engavetados" y que "si no existiera la JEP seguirían" en esa situación.
"Llevamos más de 20 años llorando, 20 años lastimándonos, recordando estos episodios amargos", aseguró el representante indígena, que exclamó: "¡Qué bonito que Colombia ratifica los derechos humanos! ¡Qué bonito que Colombia se da golpes de pecho, que respeta y avanza en los derechos humanos! Hoy se va a dar uno cuenta que no es así".
Por su parte, el gobernador del pueblo kankuamo Jaime Luis Arias remarcó ante los magistrados de la JEP y los militares acusados de las ejecuciones la "desarmonización" que ha sufrido su territorio ancestral a causa del conflicto y de las "violencias sistemáticas y persistentes" cometidas por todos los actores legales e ilegales y criticó la inacción del Gobierno por un "abandono estatal".
"Hemos sido víctimas, junto a nuestro territorio, de un proceso histórico y sistemático de violencias, al punto de ser declarado en situación de riesgo de exterminio físico", señaló el gobernador kankuamo, uno de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada.