Ratifican caducidad del contrato del MinTIC por 70 mil millones de pesos

La ministra de las Tecnologías, Karen Abudinen, anunció que se interpusieron tres acciones administrativas contra la Unión Temporal Centros Poblados para tratar de recuperar los 70 mil millones de pesos que recibió para ejecutar el proyecto de conectividad.

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Durante la audiencia entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los representantes de la Unión Centros Poblados, los representantes de la firma aseguraron que fueron víctimas en el caso de la adquisición de las pólizas falsas que se adquirieron supuestamente con el banco Itaú.


En medio de la audiencia en la que se definía el futuro del polémico contrato entregado por el Ministerio de Tecnologías a la Unión Temporal Centros Poblados, se ratificó la caducidad de ese documento tras confirmarse irregularidades como falsificación de pólizas de respaldo para ejecutar la conectividad en colegios públicos del país.

De acuerdo con la minTIC, Karen Abudinen, "caducamos el contrato 1043 de 2020 de la Unión Temporal Centros Poblados, la sanción más contundente en materia de contratación estatal. Con esta decisión, cesan hoy todos los contratos de los miembros de la UT vigentes con el Estado".

Por su parte, Jorge Pino Ricci, abogado de la Unión Temporal Centros Poblados, presentó recurso de revocatoria directa ante la ministra Abudinen y/o petición de revocatoria, argumentando que "el Ministerio tomó la decisión de declarar la caducidad en razón a que le dio certificación a un documento efectuado por el Banco (Itaú)", el cual negó días atrás haber emitido alguna póliza de respaldo del contrato.

"Me aterra como han cambiado mis palabras para resolver el asunto", dijo Pino Ricci en medio de la audiencia, al precisar que el anticipado entregado por el Ministerio de Tecnologías "se ha destinado para realizar las adquisiciones de equipos necesarias para la ejecución del contrato".

En ese sentido, el abogado insistió en que se vulneró el debido proceso, argumentando entre otras cosas que no pudo presentar pruebas para evidenciar que la póliza que negó el Banco Itaú -según él- sí existió "no pude demostrar la buena fe de mis clientes y como no pude demostrarlo la obligación ahora del Ministerio es presumirla, porque tampoco la desvirtuó".

Durante la audiencia que se dio este miércoles entre el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los representantes de la Unión Centros Poblados por el escándalo del contrato de $1,2 billones de pesos para llevar más de 14 mil puntos de internet a zonas rurales del país, los representantes de la firma aseguraron que fueron víctimas en el caso de la adquisición de las pólizas falsas que se adquirieron supuestamente con el banco Itaú.

Ahora, la Superintendencia Financiera entró a verificar la situación y asegura que el Banco Itaú habría sido víctima de inescrupulosos, que serían los responsables de las 3 garantías falsas que se presentaron para la adjudicación del millonario contrato.

Con este proyecto de internet se buscaban conectar cerca de diez mil localidades con acceso a internet, la mayoría eran colegios públicos de zonas rurales.