Procuraduría formulan cargos contra exsecretario General del Incoder en liquidación

Rodrigo Palta Cerón, exsecretario General del Incoder en liquidación.

Nacional
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Será investigado por presuntas irregularidades en contratación por más de 1.400 millones.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el entonces secretario General del Incoder en liquidación, Mauro Rodrigo Palta Cerón (2015), por presuntas irregularidades en la adjudicación de la Licitación LP-SAT-22-2015 para ejecutar obras de rehabilitación del Distrito de Adecuación de Tierras de USOIGUA en el Huila, por $1.407’688.917.

La decisión cobija a los excontratistas Nicolás Lozano Manrique, Julio Ernesto Lozano Bernal y Andrés Osorio Gutiérrez, evaluadores técnicos del proceso licitatorio, quienes al parecer, podrían haber habilitado técnicamente a un proponente que no cumplía condiciones específicas señaladas en el pliego definitivo.

El ente de control cuestionó a los evaluadores la presunta habilitación del proponente, y al exsecretario General la presunta adjudicación de la licitación al Consorcio Tierras Huila 2015, sin cumplir el requisito habilitante consistente en acreditar experiencia que incluyera el suministro y colocación de mínimo 300 m3 de concreto ciclópeo de 4.000 PSI, en cualquiera de los contratos aportados.

Para la Procuraduría se pudo transgredir el numeral 17.9 del Manual de Contratación del Incoder, vigente para el 2015, que establecía que “la Entidad designará un comité evaluador conformado (…) por particulares contratados (…) para evaluar las ofertas y las manifestaciones de interés para cada Proceso de Contratación por licitación (…) ciñéndose exclusivamente a las reglas contenidas en los pliegos de condiciones (…)”.

Con este presunto comportamiento los exfuncionarios habrían afectado sus deberes de vigilancia y control de la contratación y los fines esenciales del Estado Social de Derecho.
La posible irregularidad se calificó provisionalmente como falta disciplinaria gravísima cometida con culpa gravísima, por violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. El exsecretario General y los excontratistas podrán solicitar o aportar las pruebas que consideren pertinentes para su defensa.



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