De acuerdo con el informe publicado por el ente de control, actualmente están vigentes 87 procesos de responsabilidad fiscal y diez indagaciones preliminares, siendo Amazonas el departamento que lidera de la lista.
En los últimos días, la Contraloría General de la Nación reportó una serie de hallazgos fiscales en torno a malos manejos de recursos para resguardos indígenas por parte de los entes territoriales. Hasta el momento, la entidad tiene en curso 87 procesos de responsabilidad fiscal y 10 indagaciones preliminares, que ascienden a $30.238 millones de pesos.
Entre los departamentos con mayores procesos en contra, se encuentra Amazonas, con 21; Nariño, con 15; La Guajira, con 10 y Sucre con 8. Por otro lado, en Puerto Gaitán, Meta, se desarrolla el proceso de responsabilidad fiscal con la mayor cifra de recursos involucrados, a raíz de construcciones no realizadas en la Institución Educativa Kuwei, resguardo indígena Wacoyo y en el internado El Tigre, lo anterior por $8.032 millones, además, reportaron $3.924 millones, relacionado con una obra del internado para la comunidad Awaliba.
En Leticia, Amazonas, por anomalías en la “construcción de los sistemas de acueducto de las comunidades indígenas del kilómetro 11 San José, del kilómetro 6 y San Antonio de los Lagos”, por $2.319 millones.
En Ginebra, Valle del Cauca, la Contraloría halló “inconsistencias en contrato interadministrativo celebrado con el Cabildo Indígena Kofan de Santiago de Cali, para construcción de plantas de tratamiento de agua potable en el municipio”, con recursos que ascienden a $1.499 millones.
En la Guajira, el proceso abarca la suma de $1.428 millones por las irregularidades halladas en el contrato destinado a la construcción “de un sistema de almacenamiento para las comunidades indígenas de Uribia”.
Acorde con la información difundida por el ente de control, las anormalidades más frecuentes encontradas en las investigaciones son recursos que no fueron destinados a satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas, irregularidades en órdenes de compra, falta de soportes de los gastos realizados e incumplimiento de convenios que debían beneficiar a los resguardos, incumplimiento de órdenes de servicio, ejecución parcial de proyectos, compras con sobrecostos, bienes, obras y servicios que los resguardos no recibieron, entre otros.