La presunta falta fue calificada provisionalmente como grave a título de dolo.
El Ministerio Público le reprochó al investigado que en audiencia del 13 de junio de 2017 dictara un fallo condenatorio de primera instancia dentro del proceso GRUTE-2017-1, seguido a un intendente de la institución, cuando al parecer tenía conocimiento de que la PGN había ejercido el poder preferente en este caso.
Así mismo, señaló que Mena Bravo pudo haberse apartado del cumplimiento de sus deberes al presuntamente no verificar que entre la información entregada por la abogada defensora se encontraba el oficio del despacho del Viceprocurador General de la Nación, de fecha 8 de junio de 2017, en el que se asumía el proceso disciplinario.
Para el ente de control, el inspector general habría podido comprometer su responsabilidad disciplinaria, afectar el debido proceso y probablemente vulnerar el derecho a la defensa y los principios de imparcialidad y proporcionalidad.
