Detectan irregularidades en la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas

Una Auditoría de la Contraloría General de la República a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, donde se determinaron 3 hallazgos fiscales por $2.509 millones de pesos.

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El órgano de control evidencia graves retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas. A 31 de diciembre de 2018, había más de un millón de pagos pendientes de hacer.

Una Auditoría de la Contraloría General de la República a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, UARIV, donde se determinaron 3 hallazgos fiscales por $2.509 millones de pesos, encontró preocupantes retrasos e incumplimientos en materia de indemnizaciones administrativas, una pobre cobertura del Programa de Reparación Colectiva, así como una inoportuna reparación de las comunidades étnicas que deben recibir un tratamiento especial y diferenciado, entre otras situaciones.

Como resultado de la auditoría, la CGR constituyó también 8 hallazgos con presunta incidencia disciplinaria y uno con otra incidencia que será trasladado a la Corte Constitucional.

Los hallazgos relacionados con los incumplimientos en materia de reparación son de tal magnitud, que bien pueden llevar a preguntarse ¿Y la reparación de las víctimas para cuándo?
De acuerdo con el presupuesto ejecutado, en 2018 la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas pagó $566.291 millones por concepto de indemnizaciones administrativas.

En la auditoría realizada, se estableció inexistencia de una ruta o procedimiento para acceder a la indemnización administrativa, que tiene relación con el represamiento de 1.140.145 pagos pendientes por realizar a 31 de diciembre de 2018, que equivalen al 55%, lo que significa un grave incumplimiento de la orden judicial de la Corte Constitucional prevista en el art. 7 del Auto 206 de 2017, donde se determinó:

Más incumplimientos
Otro incumplimiento evidente, es el de las metas de reparación colectiva definidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y el Plan de Acción de la UARIV, presentado bajo avance en el indicador “Sujetos colectivos víctimas que cuentan con al menos dos medidas de reparación administrativa implementadas”.

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