En desarrollo de la política de inclusión financiera, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 222 para que el sistema financiero extienda su cobertura mediante canales de distribución livianos y amplíe la oferta de productos con requisitos de apertura simplificados y con bajos costos de manejo.
El Gobierno Nacional expidió el Decreto 222 de 2020 que ampliará la oferta y cobertura de los servicios financieros, con lo que se combatirá la modalidad de préstamo de ‘gota a gota’ y se llegará a las zonas rurales donde se registra menos presencia de esos servicios.
Con la normativa expedida, se modifican las condiciones de los créditos de consumo de bajo monto. Esta modalidad estará dirigida a personas naturales que no hayan accedido a un crédito bancario, que ya no estará limitado a 36 meses y podrá tener carácter rotativo.
La cifra
6 millones de personas registran cuentas inactivas.
Dichos créditos, en principio, tendrán un monto máximo de 4 salarios mínimos, que podrá ampliarse con el tiempo.
El propósito de esta medida es permitir a la población acceder de forma ágil y sencilla a créditos de consumo en entidades financieras, lo cual contribuirá a mejorar su situación económica y la construcción de historiales de información crediticia que facilitarán el acceso a productos financieros más sofisticados, como el microcrédito o el crédito hipotecario.
De igual manera, se fortalecerá el canal físico de la corresponsalía que hoy se ofrece a través de comercios, droguerías o tiendas de barrio, por ejemplo, habilitando esquemas de corresponsalía móvil y digital.
Así, los corresponsales podrán ofrecer los servicios de las entidades financieras desplazándose hasta el lugar laboral o de residencia del consumidor o por medio de las APP o plataformas digitales con interfaces amigables y sencillas que mejoren la experiencia del usuario.
Flexibilizar la regulación en este sentido busca reconocer el uso de la tecnología en la prestación de los servicios financieros y apoyarse en el surgimiento de otros agentes que, sin ser entidades financieras, pueden ayudar a ampliar la base a través de redes de última milla.
Se espera con esta modificación extender la presencia del sector financiero en todo el territorio, en particular en las zonas rurales, y dinamizar el uso de los servicios que dicho sector ofrece a la población.
Esta iniciativa es una apuesta del Gobierno Nacional por seguir consolidando un marco regulatorio simplificado y moderno que promueva la inclusión e innovación financiera en el país en beneficio de toda la sociedad.
Pese a los avances, aún existen 6.3 millones de adultos sin ningún producto financiero y cerca de 6 millones de personas registran cuentas inactivas.
El desafío se acentúa en zonas rurales, donde se presenta menor presencia registra menor presencia y oferta financiera; mientras que en las ciudades el indicador de inclusión financiera es del 88,7 por ciento y existen 359 corresponsales por cada 100 mil habitantes. En los municipios rurales dispersos esas mediciones bajan a 60,7 por ciento y 195 corresponsales por cada 100 mil habitantes.