Una orden judicial ordenó a las autoridades locales, conservar el afluente.
Por medio de un oficio, los funcionarios cuestionan la contaminación de la que es blanco esa fuente hídrica que surte de agua a la capital del departamento y a otros municipios cercanos, lo que según lo expresan es un atentado a los derechos colectivos de los Quindianos. Por esa razón le atañen la responsabilidad de la situación a la Corporación Autónoma Regional del Quindío, a las Empresas públicas del Quindío EPQ, y de Armenia EPA.
El Tribunal Administrativo del Quindío determinó que el afluente debe tener una atención especial por parte de todas las autoridades mencionadas. Según el procurador delegado para Asuntos Ambientales, Diego Fernando Trujillo Marín, “es muy importante que los jueces hayan tomado decisiones a favor del medio ambiente”.
Sin embargo, sostuvo que “es muy grave que los funcionarios, los directivos de la corporaciones ambientales, las empresas prestadoras de los servicios públicos, gobernadores y alcaldes tengan que esperar a que un juez los direccione cuando ya está ordenado en la Constitución”.
Andrés Mauricio Quiceno, representante jurídico de Empresas Públicas del Quindío, argumentó que la acción popular surgió como consecuencia de unas normas de orden nacional y departamental, en relación con las actividades económicas que se pueden realizar en la cuenca alta del río donde no pueden existir vertimientos.
Explicó que “el centro poblado de la vereda Boquia, jurisdicción de Salento, cercano al río Quindío, realiza vertimientos directos al afluente lo que afecta la calidad del agua”.
Desde la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) su director, José Manuel Cortes, celebró la decisión ya que el río surte de agua al 70 % de la población que se encuentra en un área estratégica y aporta al desarrollo del departamento.
Informó que “además de las acciones que misionalmente se tienen que hacer, se tendrá especial cuidado a los asentamientos urbanos al lado del río, que deben ser controlados en conjunto con las áreas de ordenamiento territorial de las administraciones municipales”.
Entre las medidas ordenadas está la consolidación de una planta de tratamiento de aguas residuales que debe cumplir tiempos específicos para su funcionamiento.
Esto significa que en 12 meses se deben realizar los estudios y diseños, en 18 meses se debe desarrollar la construcción y se tendrá un lapso de seis meses para su operatividad, es decir, 36 meses en total para que la Petar del sector de Boquía en Salento, sea una realidad.
Se obliga a las demás entidades a realizar los respectivos seguimientos para evitar que las personas consuman agua contaminada que viene de la parte alta del río Quindío.