Hace dos años, el Consejo de Estado declaró a la Nación responsable por uno de los peores ataques terroristas de las Farc. El fallo, que indignó al Gobierno y a la opinión, podría desplomarse en la Corte Constitucional.
El 7 de febrero de 2003 Colombia vivió una de las noches más infernales de su historia. Las Farc volaron el Club El Nogal con 200 kilos de explosivos instalados en un Renault Mégane rojo. Perdieron la vida 35 personas y 75 resultaron heridas en el ataque terrorista planeado desde las montañas de Colombia y ejecutado por hombres del Paisa, el sanguinario guerrillero de las Farc que aún empuña sus armas.
Quince años después, el Consejo de Estado encontró a la Nación responsable por haber omitido su deber para prevenir y proteger a la ciudadanía de un ataque de estas dimensiones. La decisión golpeó directamente la moral del Gobierno, que se lamentó porque debía indemnizar con recursos del erario a las víctimas mientras que algunos de los responsables despachaban desde el Congreso de la República.
La única voz de verdad escuchada en estos años corrió por cuenta del senador y excomandante de las Farc Carlos Lozada. “El atentado a El Nogal fue la mayor equivocación de las Farc. No queremos justificar algo que para nosotros, en medio del conflicto, no debió darse nunca”, señaló. Pero es un hecho que el jefe de la temible columna Teófilo Forero, Hernán Darío Velásquez o el Paisa, traicionó la paz. Y que el único cerebro del atentado condenado a 40 años, Hermisúl Arellán Barajas, recobró su libertad tras someterse a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
Es claro que la JEP es el juez de las Farc y que el Consejo de Estado no puede condenarlos ni absolverlos porque su competencia se limita a detectar fallas en el funcionamiento del Estado. No obstante, el contrasentido denunciado por el Gobierno escaló hasta la última instancia. El Ministerio de Defensa y la Agencia de Defensa Jurídica del Estado activaron todos los recursos legales disponibles, entre estos, una acción de tutela que podría cambiarle el rumbo a esta historia la próxima semana. 
Foto Revista Semana
La ponencia
El 3 de septiembre terminará su periodo en la Corte Constitucional Luis Guillermo Guerrero, un magistrado reconocido por su rigurosidad. A él le correspondió por reparto estudiar el caso de El Nogal, y después de diez meses de estudio está listo para dar su última batalla.
Antes de despedirse de la corte, Guerrero repartió un proyecto de fallo que acoge los reclamos del Gobierno en cuanto a que hubo una violación del debido proceso al valorar indebidamente la evidencia. De tener el respaldo de sus colegas, la Corte Constitucional podría anular la sentencia del Consejo de Estado y regresar el expediente a los consejeros para que hagan un nuevo pronunciamiento que se ajuste a los precedentes.
De acuerdo con la ponencia, la responsabilidad del Estado ante un atentado terrorista solo se puede determinar cuando el ataque vaya dirigido contra una entidad pública, contra un funcionario o cuando se omita la toma de medidas de seguridad pese a tener evidencia certera de la ocurrencia de un ataque. Para Guerrero, ninguno de estos presupuestos habría quedado probado por el Consejo de Estado.
La consejera Stella Conto y la conjuez Sol Marina de la Rosa encontraron responsable a la Nación por no adoptar medidas de seguridad equiparables a las usadas en la Casa de Nariño o en las sedes ministeriales. Consideraron al efecto que en el club se alojaba la entonces ministra de Defensa, Marta Lucía Ramírez, y se adelantaban constantes reuniones institucionales de altos funcionarios. Esta primera tesis sonó absurda hasta entre los mismos magistrados, pues castigó el simple hecho de que altos funcionarios del Gobierno se trasladaran desde sus instalaciones oficiales (dotadas con seguridad) a establecimientos privados.
Guerrero cuestiona también si realmente hubo información suficiente y confiable que daba cuenta del ataque que recaería sobre El Nogal. La sentencia del Consejo de Estado señala que existía una amenaza pública y general de la guerrilla que debió provocar la reacción de las autoridades. En ese momento, el país permanecía en estado de conmoción interior como consecuencia de una seguidilla de atentados terroristas en varios puntos de la ciudad: el hotel Tequendama, la Policía Metropolitana de Bogotá, la Sijín, la Embajada de Estados Unidos y hasta la Casa de Nariño, durante la posesión presidencial de Álvaro Uribe Vélez.
El fallo asegura que era previsible un ataque a El Nogal porque en un panfleto que circuló en diciembre de 2002 (dos meses antes del atentado) las Farc señalaron que el Gobierno estaba facilitando reuniones con jefes políticos y empresariales en los clubes del norte de Bogotá. También, porque un exagente del DAS, Llimi Díaz Torres, denunció en una URI de la Fiscalía información que exponía la posible actuación delictiva de las Farc en relación con el club El Nogal. “Un informante me habló de un supuesto testaferro de las Farc, que hacía poco tiempo se había vinculado como socio del reconocido club El Nogal, al parecer para identificar víctimas potenciales para secuestro, extorsión, o para algún tipo de atentado terrorista”, señaló.
Pero Guerrero rebate estas evidencias que resultaron concluyentes para el Consejo de Estado. Controvierte que esta información sea creíble y seriamente indicativa de que el ataque iba a ocurrir.
El magistrado ponente no entra en solitario a dar su última discusión en la corte. Sin embargo, deberá convencer a la mayoría de sus colegas de usar la vía de la tutela para tumbar una condena contra la Nación sobre la cual ya no cabían más recursos, un camino que tiene antecedentes pero es espinoso en el mundo jurídico. Y de enmendar esa asimetría que puso a responder al Estado cuando la Justicia no ha logrado llegar siquiera a los responsables del atentado que ensangrentó el norte de Bogotá.