La Organización de Naciones Unidas llega a su aniversario número 75 en medio de un panorama desalentador. Prometía pacificar el mundo y unir a los países, pero ha cosechado más fracasos que éxitos.
Hace 75 años el mundo estaba envuelto en uno de los peores conflictos bélicos de la humanidad: la Segunda Guerra Mundial, que dejó más de 60 millones de muertos. El conflicto estaba en sus últimos meses, y a las potencias les urgía evitar una Tercera Guerra. Por esta razón, el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt planteó la idea de crear la Organización de Naciones Unidas (ONU), un órgano mundial para resolver conflictos mediante las decisiones conjuntas de sus miembros.
El 26 de junio del mismo año, 51 países firmaron la ‘Carta de Naciones Unidas”, un texto de 19 capítulos en el que se exponen los puntos clave para el funcionamiento del organismo. De estos, ninguno ha cambiado en 75 años, lo cual entorpece sus objetivos. ¿Ha cumplido su misión la ONU?
El problema del veto
La Carta de 1945 cumplió su objetivo primario, pues hasta el momento no ha habido una Tercera Guerra Mundial. Pero los demás puntos del documento quedaron prácticamente en el aire.
Hoy, con el paso del tiempo, resulta claro que la estructura inicial de la ONU, que no ha cambiado en todos estos años, ha jugado contra sus propósitos fundacionales. El Consejo de Seguridad, organismo clave para sostener la paz y seguridad mundial, sigue compuesto por cinco miembros permanentes considerados los ganadores de la segunda guerra mundial: Estados Unidos, China, Rusia (como heredera de la Unión Soviética), Francia y Reino Unido. Este organismo tiene otros cinco miembros escogidos entre los demás países de la organización, que permanecen allí por períodos de dos años.
Que las potencias ganadoras integren permanentemente el Consejo representa un anacronismo, pues corresponde a las realidades geopolíticas de los años cuarenta. Pero además, disponen de la particular figura del poder de veto. Esto significa que aunque haya una mayoría aplastante a favor de una decisión, con que uno de esos países la vete, queda automáticamente archivada.
La guerra en Siria ofrece un claro ejemplo de la inconveniencia del veto. Ese país de Medio Oriente lleva más de ocho años en un conflicto que ha dejado cerca de 500.000 muertos y más de 12 millones de desplazados. El enfrentamiento preocupa al organismo, y el Consejo de Seguridad lo ha considerado en varias ocasiones. Sin embargo, la inoperancia de la ONU quedó expuesta cuando buscó frenar los ataques con armas químicas de 2018. La mayoría de los miembros atribuyeron los más de cien ataques químicos contra la población civil al presidente Bashar Al Asad. Estados Unidos propuso una resolución contra los responsables y la iniciativa obtuvo doce votos a favor y uno en contra, el de Bolivia. Pero cuando Rusia, que apoya a Bashar Al Asad, ejerció el derecho al veto, la resolución se cayó inmediatamente y el asunto se quedó de ese tamaño.
Muchos analistas concuerdan en que la ONU debe afrontar el reto de plantear una nueva estructura para el Consejo de Seguridad. De hecho, algunos países ya han planteado la necesidad de actualizar la nómina de integrantes para reflejar las nuevas realidades. Para algunos expertos, allí deberían estar, por ejemplo, Alemania, Japón, Brasil o India. y habría que reevaluar el poder de veto.
Arma de doble filo
El Derecho Internacional, pilar fundamental de Naciones Unidas, parte del concepto de la soberanía inviolable de los países. Eso. en teoría, permite unas relaciones igualitarias, y les permite a los países tener un marco normativo aplicable en sus territorios sin injerencia de intereses extranjeros.
Eso, en la práctica, significa que si un gobierno comete un acto ilícito, como por ejemplo un genocidio contra una parte de su población, la Organización no puede en la práctica hacer nada al respecto. “Siendo realistas, el Derecho Internacional es, ante todo, moralizador. Para los países es mejor estar dentro del amparo de la ley que ser señalados por la comunidad internacional. Establecer los límites ayuda a tener cierto control, pero es prácticamente imposible obligar a un país a cumplir la norma internacional o intervenir militarmente para solucionar un conflicto. Esto sería una violación a su soberanía”, le dijo a SEMANA Andrés Sarmiento, maestro en Derecho Internacional Público de la Universidad de Leiden (Holanda).
Por otra parte, la Corte Internacional de Justicia de La Haya, principal órgano judicial de la organización, resuelve los litigios entre los países que la hayan reconocido, los cuales se obligan a cumplir sus decisiones. Sin embargo, carece de medios para hacer cumplir sus sentencias. Estados Unidos, por ejemplo, resultó condenado en 1984 a petición de Nicaragua, a raíz de una serie de sabotajes contra puertos de la nación centroamericana. Simplemente Washington decidió desconocer la jurisdicción internacional y nunca pagó la indemnización que le impusieron.
¿Todo es legítima defensa?
La ONU prohíbe el uso de la fuerza. Sin embargo, exceptúa la legítima defensa, por lo cual muchos miembros se escudan en esa figura para atacar a otros. En un ejemplo reciente el gobierno de Washington ordenó asesinar al general iraní Qassem Soleimani, comandante de Guardia Revolucionaria islámica, una fuerza élite considerada terrorista por Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump justificó la acción en la legítima defensa, pues Soleimani planeaba ataques contra Estados Unidos. Y cuando Irán contestó con misiles, también justificó su acción en el artículo 51 de la Carta. Así pues, una situación que pudo escalar a una guerra total tenía una base legal aplicada por ambas partes.
¿Un organismo perpetuo?
Es difícil saber si la ONU llegará a sus 100 años en 2045, aunque en ausencia de un mecanismo mejor, habría que pensar que sí lo hará. Pero existe consenso en que para que cumpla sus objetivos, debe hacer cambios profundos. El Consejo de Seguridad es evidentemente obsoleto. y el poder de los cinco miembros permanentes, entorpece su trabajo. Además, el organismo debe actualizar la Carta para sintonizarse con las problemáticas actuales de la humanidad.
Para ello, la organización comenzó este año una campaña titulada ONU75, que busca hacer un “chequeo a la realidad global”. Con la participación de los ciudadanos, movimientos internacionales y líderes políticos, la ONU quiere sintonizarse con los problemas apremiantes de hoy. También tendrá que poner al ciudadano en el centro de sus discusiones, por lo que las movilizaciones sociales, desigualdad, pobreza, migraciones y la crisis medioambiental deben estar en la agenda de la organización. Finalmente, la ONU tendrá que enfrentar su crisis financiera. Para cumplir sus tareas y adelantar las misiones de paz requiere los aportes económicos de sus miembros. Pero con el paso del tiempo, y el crecimiento de su burocracia, ha ido profundizando su dependencia de la cuota estadounidense: cerca de 5.400 millones de dólares (el 22 por ciento del presupuesto). Sin embargo, es renuente a cancelarla y hoy le debe más de mil millones de dólares a la organización.
Los objetivos propuestos por los creadores de la ONU en 1945 parecían utópicos, pero encerraban las aspiraciones de un mundo que apenas salía de la peor conflagración de todos los tiempos . Desafortunadamente el paso de los años ha demostrado lo irreal que es esperar la cooperación internacional desinteresada. Aunque sus organizaciones como ACNUR, OMS, ACNUDH y UNICEF han dado señales positivas para sobreponerse a las crisis humanitarias, la ONU ha demostrado que su gran objetivo de interceder por la paz internacional le ha quedado grande.
Para Francisco Goytortúa, abogado experto en derecho internacional y docente en la Universidad Nacional Autónoma de México, “parte de los fracasos de la ONU están vinculados con la seguridad y la paz internacional. Han existido conflagraciones mundiales, intervenciones de potencias dentro de estados débiles, violaciones a la soberanía de otros tantos y un desequilibrio entre quienes cometen crímenes internacionales y los que realmente enfrentan la justicia nacional o internacional con la debidas garantías procesales”.