¿Espejo para Colombia?

Cerca de doscientas personas participan en el acto nacional "Basta de Bolsonaro" convocado por la Unión Nacional de Estudiantes, UNE, y los frentes Brasil Popular y Brasil, en Río de Janeiro, Brasil. Foto: EFE

Alianza El Informador - Semana
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La reforma pensional en Brasil y las protestas en Chile contra el modelo económico y deseguridad social dejan grandes lecciones para el proceso de reforma pensional que se avecina en el país.

El 22 de octubre el senado brasileño aprobó una histórica reforma pensional con la cual espera ahorrar en diez años más de 870.000 millones de reales, unos 217.500 millones de dólares. Esta es la gran apuesta del Gobierno de Jair Bolsonaro para estabilizar las finanzas públicas y poner a crecer de nuevo al gigante latinoamericano. Pero esta decisión implica tomar medidas impopulares como subir la edad mínima a 62 años para las mujeres y 65 para los hombres o aumentar el tiempo de cotización. Brasil era uno de los pocos países que no exigía una edad mínima para pensionarse, así como un tiempo mínimo de contribución a la seguridad social. Ahora será de 15 años para las mujeres y de 20 años para los hombres. El polémico proyecto enfrentó una fuerte resistencia de los sindicatos y la izquierda y sin duda agudizará la inconformidad y la protesta social.


La reforma pensional del Gobierno de Jair Bolsonaro es la gran apuesta para que Brasil vuelva a crecer. Pero, sin duda, incrementará el inconformismo social. Foto: Semana.

Esto viene ocurriendo hace varias semanas en Chile, donde el Gobierno tuvo que imponer el toque de queda a raíz de las intensas y masivas protestas. Estas parecen haber revelado el fuerte inconformismo hacia el modelo económico chileno, considerado hasta ahora un ejemplo de desarrollo. Y en ello juega un importante papel el sistema de pensiones. Chile adoptó, por primera vez en el continente, un sistema de ahorro individual administrado por fondos privados, modelo instaurado en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet. Este le ha permitido tener un sistema de pensiones sostenible, pues no utiliza recursos públicos y cuenta con una alta cobertura. Pero sus bajos beneficios aumentaron en la gente la inconformidad y la percepción de que mientras las AFP hacen millonarias ganancias, la mayoría de sus afiliados no alcanzan a obtener una pensión digna. Sin duda todo esto deja grandes lecciones que Colombia debería revisar ahora que se acerca el debate de la reforma pensional o de protección a la vejez. Esta semana la ministra de Trabajo, Alicia Arango, anunció que el Gobierno comenzará a socializar la reforma hacia finales de este año con miras a presentar el proyecto en 2020. Algunas supuestas filtraciones del proyecto desataron polémicas y evidenciaron el duro camino que le espera a esta reforma.

Las lecciones

Lo que ocurre en la región ha dejado la gran enseñanza de que ninguno de los dos sistemas puede tener éxito por sí solo. Lo asegura David Cuervo, director de Bienestar Patrimonial de Mercer Colombia.

El caso de Brasil evidencia que un sistema público con grandes beneficios es insostenible y tarde o temprano pone en riesgo las finanzas públicas y la estabilidad. Pero un sistema totalmente privado como el de Chile también es inviable y el sector público está llamado a jugar un rol muy importante en un sistema pensional.


La aprobación se dio por 60 votos a favor frente a 19 en contra, un resultado que ratificó el firme respaldo al proyecto en un Parlamento de talante liberal y mayoritariamente alineado con las ideas económicas del Gobierno que preside Bolsonaro.

Las pensiones públicas en Brasil representan 44 por ciento del gasto federal, lo que significa un valor equivalente a 8,5 por ciento el PIB. Eso eleva el déficit fiscal y la deuda a niveles que tienen en alerta a las calificadoras de riesgo y a los inversionistas.

Colombia gastará el próximo año 43,29 billones de pesos en pensiones estatales. Es decir el 20 por ciento del presupuesto de 2020 o un 4,3 por ciento del PIB. En contraste, el sistema chileno es totalmente sostenible financieramente y tiene altos niveles de cobertura, pero entrega a los afiliados beneficios muy modestos.

En Chile el 80 por ciento de la población está cubierta pero la mayoría recibe pensiones de alrededor de la mitad del salario mínimo. En Colombia menos de la mitad de los adultos mayores tiene pensión o algún mecanismo de protección como Colombia Mayor.

Muchos han intentado mostrar lo que ocurre en Chile como el fracaso del modelo privado de pensiones, uno de los referentes para el colombiano. No obstante, hay grandess diferencias. Chile tiene un nivel de contribución más bajo que el colombiano (solo un 10 por ciento de cotización y máximo hasta los primeros 3.000 dólares) y es mucho menos solidario. Esto es precisamente lo que han buscado corregir las reformas en los últimos años. “Mientras las reformas en el resto del mundo buscan hacer más sostenibles los sistemas, en Chile están buscando mejorar las pensiones. No están pensando en cambiar el modelo el cual está lejos de ser un fracaso”, afirma Jorge Llano, vicepresidente de Estudios de Asofondos.

Colombia tiene un sistema más solidario y tasas de reemplazo para quien logra pensionarse relativamente buenas. Sin embargo, el mayor problema es que a pesar de que gasta una buena tajada del presupuesto en pensiones estatales, esto se queda en unos pocos y el grueso de la población adulta queda desprotegida.

Por eso la discusión en Colombia no puede estar entre un sistema público o privado, sino en cómo buscar un sistema justo y equitativo que garantice el equilibrio y la sostenibilidad de las finanzas públicas, con las pensiones que otorga.


El ministro de Finanzas de Brasil, Paulo Guedes aplaude junto al senador Flavio Bolsonaro tras la promulgación de la votación sobre la reforma de las pensiones en Brasilia, Brasil, el pasado 22 de octubre de 2019.

Los países con los mejores sistemas pensionales del mundo tienen un componente público que se concentra en la parte solidaria y un componente de ahorro y de capitalización individual (que no necesariamente implica que todo deba ser administrado de forma privada). Y siempre existen planes complementarios donde el empleador tiene un papel muy grande a cumplir. “Las pensiones son una responsabilidad de todos”, afirma Cuervo. Sin duda, la próxima reforma pensional debe tener com objetivo fundamental acabar con la inequidad del sistema y redistribuir mejor los subsidios que entrega el Estado. Esto significa fortalecer programas como Colombia Mayor y los BEP, y decidir a quién subsidiar con recursos públicos.

Las protestas en la región también implican que hay un problema generacional. Según The Economist, Brasil gasta siete veces más fondos en sus ciudadanos más viejos que en los más jóvenes. Si bien hay que respetar los derechos adquiridos, la reforma no puede recaer solo en las futuras generaciones.

Además si la solución pasa por incentivar mayores niveles de ahorro y capitalización, la reforma también tendrá que garantizar mayor competencia. Y que los intereses de los fondos estén mejor alineados con los de sus afiliados.

Los fondos, concentrados en pocos jugadores de grandes grupos financieros, reciben altas comisiones por invertir en un portafolio bastante regulado. Por eso cobran igual si ganan o pierden y antes de haber trabajado. Con esto, todos terminan por invertir en lo mismo, en una especie de “efecto manada”. Por eso hay que flexibilizar el régimen de inversión y pasar a comisiones por desempeño.

Otra lección es la enorme dificultad para aprobar este tipo de reformas, porque los proyectos que entran al Congreso salen muy cambiados. La propuesta original de Bolsonaro apuntaba a hacer un ahorro fiscal de al menos 1.237 billones de reales en la próxima década, y a sentar las bases para crear un sistema de capitalización individual. Pero tras su tránsito por el legislativo esto quedó reducido a la mitad.


Vista general del Senado de Brasil durante una sesión para votar sobre el proyecto de reforma de pensiones en Brasilia, Brasil, el 22 de octubre de 2019.

Además este tipo de reformas son tremendamente impopulares y requieren un gran capital político. También se prestan para una gran dosis de populismo, con fórmulas ficticias y engañosas.

El tema encierra peligros potenciales para los gobiernos y por eso estos suelen postergar las decisiones hasta que se vuelven insostenibles fiscalmente, como en el caso de Brasil. “El costo social y político de una reforma pensional es muy alto para un gobierno frágil”, afirma Enrique Daza, presidente de la Junta Directiva de Cedetrabajo.

También quedan reflexiones como que las reformas requieren de una buena comunicación con los ciudadanos. Hay que entender a tiempo los descontentos de la población y las demandas de la clase media.

Hacer la reforma pensional es, sin duda, una decisión responsable del Gobierno de Iván Duque. Colombia no puede seguir con un sistema de protección a la vejez de tan baja cobertura, tan alta inequidad y tan alto costo. No obstante, el antecedente del hundimiento de la Ley de Financiamiento causa preocupación. Algunos exministros afirman que es más fácil pasar diez tributarias que una pensional y muchos dudan de que este Gobierno tenga el capital político para hacerlo.

No obstante, sería una buena oportunidad para buscar consensos y trabajar por la equidad. El Gobierno puede dejar de gobernar con el espejo retrovisor y mirarse más en el espejo de la región.