Un gran número de terroristas europeos enfrenta la pena de muerte en Irak, mientras sus familias quedan abandonadas a su suerte. Ante el problema, las naciones europeas prefieren mirar para otro lado.
Por: Sergio Peñaranda
Revista Semana
El tunecino Hamida Djandoubi fue el último criminal que sintió el filo helado de la guillotina en su cuello por orden de los tribunales franceses. En septiembre de 1977, tres años después de torturar y estrangular a una mujer, Djandoubi le dijo adiós a la vida tras fumar dos cigarrillos y beber un vaso de ron. Cuatro años más tarde, Robert Badinter, ministro de justicia del presidente François Mitterrand, ganó el pulso contra una opinión pública ferozmente favorable a la pena capital al obtener su abolición. “Mañana, pasaremos las páginas sanguinarias de nuestra historia”, anunció el político el día del voto.
Desde entonces, Francia ha liderado en el mundo una campaña contra la pena capital, rechaza sistemáticamente la solicitud de extradición de sus nacionales a Estados que la aplican y lleva a cabo negociaciones secretas para que sus ciudadanos juzgados en cualquier lugar no sean ejecutados. Gracias a ese dispositivo diplomático, desde 1983 ningún francés condenado a la última pena en el globo ha sufrido ese castigo. Sin embargo, la reciente sentencia a muerte de 11 yihadistas galos en Irak muestra que quizás la patria de los derechos del hombre abriría un nuevo capítulo de sangre en su historia contemporánea. Esta vez, con la ayuda de un país con un sistema judicial cuestionable.
Los 11 terroristas estaban detenidos por las autoridades kurdas en Siria cuando los trasladaron en enero a Irak para su juicio. Para la organización Human Rights Watch, los defendieron abogados de oficio que no tuvieron tiempo para estudiar el caso. Y varios de los sospechosos habrían confesado su colaboración con el Estado Islámico bajo los efectos de la tortura o el chantaje.
Según los defensores de los derechos humanos, Europa deja en manos de un sistema judicial sin garantías la vida de sus nacionales. “Se trata de una justicia expeditiva donde los abogados solo tienen algunos minutos para defender el caso. Estamos lejos de los estándares europeos. Pero los países occidentales ven en Irak una solución a corto plazo a este problema”, explicó a SEMANA Jean-Charles Brisard, presidente del Centro de Análisis del Terrorismo de París. Sin embargo, para el ministro de relaciones exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, los procesos han sido “justos”, aunque asegura que su país hará todo lo posible para evitar que sus ciudadanos sean ejecutados.
Esas condenas muestran que los europeos no se han preparado para enfrentar judicialmente a sus terroristas, a pesar de los miles de extranjeros que engrosaron las filas de Estado Islámico en la región. De acuerdo con una investigación realizada en 2018 por el Centro Internacional de Estudios de Radicalización del King’s College London, 41.000 extranjeros de 110 países viajaron para combatir por el califato o colaborar con él. Se trata de 1.900 franceses, 900 británicos, 800 alemanes y 500 belgas que lideran el contingente de los occidentales que fueron parte del grupo extremista.
Hoy, según el subsecretario de relaciones internacionales de la zona kurda en Siria, Abdulkarim Omar, 800 combatientes extranjeros de 50 países están detenidos en sus prisiones.
El problema principal radica en el limbo jurídico en el que se encuentran los detenidos. Las autoridades kurdas han señalado que no pueden juzgar a esos prisioneros, mientras los europeos no saben qué hacer ni cómo colaborar con ellas.
Para los expertos, la verdadera solución consistiría en pedir en extradición a los reos a los países de origen, lo que facilitaría un proceso ecuánime. Pero, por ahora, ningún Estado europeo ha decidido repatriar a sus ciudadanos detenidos. El Gobierno británico, por ejemplo, lleva una política de distanciamiento. El Reino Unido retiró la nacionalidad a los terroristas Alexanda Kotey y El Shafee Elsheikh, detenidos en el norte de Siria, por su accionar en el Estado Islámico y ha rechazado la posibilidad de juzgarlos en su territorio.
Los dos criminales podrían recibir la pena de muerte en Irak. Otros países, como Alemania, se han mostrado de acuerdo con repatriar a sus nacionales, pero señalan que resulta bastante difícil acceder a los expedientes judiciales.
Ante ese impase, la apodada “salida iraquí” parece la más sencilla. En abril, Irak propuso enjuiciar a los yihadistas extranjeros a cambio de 2 millones de dólares por persona. Esa solución escandalizó a los defensores de los derechos humanos, pero podría recibir aplausos del grueso de la opinión pública, que rechaza tener a terroristas en su territorio. En Francia, según una encuesta de Odoxa-Dentsu Consulting, 82 por ciento de los franceses aprueban que Irak procese a sus ciudadanos.
“Los gobiernos europeos no quieren actuar contra una opinión pública que teme el regreso de los terroristas y que prefiere dejar a los detenidos enfrentar una justicia expeditiva”, analiza Jean-Charles Brisard.
Otra alternativa consiste en instalar un mecanismo judicial internacional en un país limítrofe a Siria, en Irak o en Jordania. Constituir este tribunal especial podría tomar años pues necesitaría un consenso mundial y garantías sobre la seguridad en la región para poder proteger a los testigos y a los reos.
Pero aún si se logra encontrar una respuesta al problema judicial a los terroristas, seguiría en vilo la cuestión de las familias de estos. Se trata de al menos 2.200 mujeres y niños extranjeros retenidos en Siria. La posición de los europeos diverge, pero la mayoría se muestra reticente a una política de repatriación masiva.
En febrero, por ejemplo, Bélgica ganó en una apelación contra la sentencia de un juez que obligaba al Gobierno a repatriar a dos mujeres, parejas de combatientes. Por su lado, Reino Unido no acepta el regreso de sus nacionales e, incluso, les ha retirado la ciudadanía a varios de ellos. Francia tiene una política más abierta y organiza el retorno de los menores, pero deja en manos de la justicia local a sus adultos. No hay una respuesta común para estos casos, a pesar de que los defensores de los derechos humanos llaman a proteger a los niños y a considerarlos víctimas.
Las soluciones que respeten un juicio ecuánime para los terroristas y una protección a las familias tomarán tiempo.Pero Europa debe, si desea honrar los principios que ha defendido durante tantos años, encontrar una salida justa y humana sin dejarse influenciar por una opinión pública colérica. Como recuerda el autor de la abolición de la pena de muerte en Francia, el exministro Robert Badinter: “Conozco los rasgos del odio. Reviste su peor rostro cuando se decora con la máscara de la justicia. El odio iracundo da miedo. El odio justiciero da vergüenza”.
Del ballet al islam radical
Los hijos de Margaux Dubreuil crecieron entre los silbidos de los bombardeos de la ciudad de Raqa, no muy lejos de la Plaza del Reloj, donde las cabezas de los enemigos del Estado Islámico rodaban y los desertores torturados vomitaban el horror de sus entrañas. Hoy están detenidos con su madre en el campo de Rojava, al oeste de Siria, a la espera de una deportación a Francia, si la suerte les sonríe. Allí, quizás, el Gobierno podría salvarlos de los años de sangre derramada en nombre del islam.
Margaux hoy expresa un arrepentimiento timorato y quisiera regresar a su país con sus hijos, pero el camino de la redención no es fácil para alguien que contrajo matrimonio con cuatro terroristas del Estado Islámico. Esta mujer pálida de 29 años frecuentaba el conservatorio de danza de Nantes, al oeste de Francia, cuando era una adolescente y soñaba con bailar bajo el techo de Marc Chagall de la Ópera de París. En ese momento de su vida, también descubría, poco a poco, el islam en Marruecos, país al que viajaba de vacaciones de vez en cuando.
Cuando tenía 18 años, Allah ganó el pulso contra Tchaikovski en su corazón, y decidió convertirse a la religión del profeta Mahoma, cubrir sus cabellos castaños con un velo, y casarse con un obrero que compartía su pasión espiritual. De ese amor solo quedó Yasmina, su primera hija y la única que nació en Francia, y un divorcio rápido. En 2013, encontró en las redes sociales a un musulmán de la región parisiense con el que contrajo matrimonio. Margaux convenció a su pareja de viajar juntos a Siria para, según ella, vivir su religión plenamente.
Allí descubrió la guerra. “Uno aprende a vivir en un medio hostil. Todo se vuelve banal. Incluso la muerte”, contó en febrero de este año al periódico Ouest-France. Su marido, con el que tuvo su segundo hijo, regresó a Francia donde fue detenido.
Se casó entonces con Mikaël Batista, uno de los terroristas europeos más temidos, fallecido en combate. Luego de su muerte, conoció a un argelino, quien corrió la misma suerte. Con su quinto marido, un guadalupeño, tuvo su hija más pequeña.
En junio de 2017, las Fuerzas Democráticas Sirias lanzaron la campaña de retoma de Raqa. Margaux, agotada, en un intento desesperado por salvar a sus hijos, se entregó. En el centro de detención a cielo abierto de Rojava, donde se encuentra hace más de un año, las noches son frías, las ráfagas de viento levantan el techo de las tiendas grises y la comida es escasa.
Muchas de las mujeres de yihadistas que esperan allí celebran con júbilo cada vez que se comete un nuevo atentado contra los países occidentales.
A pesar del arrepentimiento de Margaux, quizás el Estado galo deje que otros países, como Irak, la juzguen. En ese caso, podría ser condenada a la pena de muerte. Los defensores de los derechos humanos exigen que sea enjuiciada por un tribunal galo y que a los niños los proteja el Estado para, tal vez, borrar de sus memorias el horror de la guerra.