El Gobierno estadounidense impone sanciones cada vez más fuertes contra Venezuela con el objetivo de sacar a Nicolás Maduro del poder. A medida que se agudiza la crisis, parece más incierto el impacto real de esas medidas.
Revista Semana
La escena se ha convertido en el registro para la historia de la tragedia que vive Venezuela: los estantes de los supermercados, que alguna vez testimoniaron la prosperidad del país, permanecen vacíos. Las principales ciudades, incluida la capital, pasan las noches a oscuras, en medio de los constantes apagones que viven los 23 estados. La represión, el caos y la inseguridad también ponen su cuota para empeorar la situación.
Como consecuencia de la crisis, los venezolanos huyen de su país. Naciones Unidas calcula que más de 3 millones lo han hecho. De ellos, 1,3 millones de migrantes están en Colombia, según el último reporte de la autoridad migratoria.
La comunidad internacional apoya a la oposición para sacar a Nicolás Maduro del poder. Además de manifestaciones y discursos, Estados Unidos lleva la delantera en otra herramienta: las sanciones.
Un Gobierno –unilateral o multilateralmente– aplica este tipo de mecanismos contra otro país con el objetivo de afectar su actividad comercial para obligarlo a tomar ciertas decisiones o hasta a dejar el poder. En el caso venezolano, estas sanciones están dirigidas, en su mayoría, contra la industria petrolera, principal fuente de ingresos para la economía de esa nación.
En la mira de la Casa Blanca
Las primeras sanciones de Estados Unidos contra Venezuela llegaron en 2006, en el Gobierno de George W. Bush, cuando la Secretaría de Estado acusó al país petrolero de no combatir el terrorismo. Estados Unidos limitó el comercio de armas estadounidenses para Venezuela.
Cuando Barack Obama llegó a la Oficina Oval, expidió el decreto presidencial 13692, que señaló a Venezuela como una “amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y para la política exterior de Estados Unidos”. Ese país congeló los bienes y las cuentas de siete oficiales militares venezolanos, les prohibió entrar y hacer negocios con ciudadanos de allí.
A medida que aumenta el deterioro de la economía venezolana, y con la llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense, las sanciones de Obama parecen solo una advertencia. Trump ha aprobado diez paquetes de sanciones que no solo persiguen al círculo más cercano de Maduro, sino que cercan la economía de esa nación.
Impacto de las sanciones
“Es una verdadera tragedia tener una crisis humanitaria en un país con muchos recursos”, dijo el secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, al anunciar las sanciones que impuso su Gobierno a la industria petrolera venezolana en enero.
Sanciones como las impuestas por Trump buscan quitarle oxígeno al Gobierno de Maduro, aislarlo y debilitarlo económicamente. Para Trump y para los opositores de Maduro que las respaldan, estos mecanismos estimulan la presión social y las fracturas, especialmente en las fuerzas militares.
Al bloquear los activos venezolanos y prohibir a los estadounidenses hacer negocios con ellos, estas medidas le pegan directamente a la economía, que cada vez más se queda sin recursos para importar alimentos y medicinas que no produce el país. Tampoco puede contratar el mantenimiento del sistema eléctrico, entre otros.
Al prohibir y bloquear sus relaciones comerciales con Estados Unidos, estas disposiciones aíslan a Venezuela dentro del mercado. Las decisiones no solo cobijan a la estatal petrolera
PDVSA; recientemente alcanzaron también a Citgo, la filial de PDVSA en Estados Unidos. Citgo Petroleum Corporation, el activo venezolano más importante fuera del país, vende gasolina, lubricantes y petroquímicos.
Aunque Citgo sigue operando, Estados Unidos consigna sus ingresos en una cuenta ya bloqueada del Gobierno venezolano. En 2017, esta empresa tenía cerca de 500 millones de dólares en efectivo, pero el Gobierno de Nicolás Maduro no puede disponer de estos dineros. El presidente interino Juan Guaidó espera tomar su control.
Los decretos de la Casa Blanca amplían la crisis y empeoran la grave escasez de bienes y servicios. Como explicó a Semana Luis Vicente León, presidente de la firma encuestadora venezolana Datanálisis, “es absurdo pensar que las sanciones no tienen ningún impacto sobre el país, sobre su economía o sobre la gente, porque al final esto no es una bala que solo mata enemigos”.
Castigo colectivo
Un artículo del Centro de Investigación Económica y Política, CEPR, concluyó que “la mayor parte del impacto de estas sanciones no ha recaído en el Gobierno, sino en la población civil”. Afirma que hay una relación entre las sanciones impuestas por Estados Unidos y la malnutrición de los venezolanos, así como con el aumento de las enfermedades y la mortalidad y, en general, con el “empeoramiento de la depresión económica y la hiperinflación”.
Esta tesis corresponde a la visión del Gobierno de Maduro, para quien esta herramienta es una manera de explicar la crisis de su país. “El Gobierno venezolano está utilizando de forma discursiva las sanciones para justificar la situación en la que se encuentra Venezuela”, dijo Ronal Rodríguez, investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.
Para el internacionalista, los venezolanos empezaron a sentir más fuertemente esas medidas en las últimas semanas.
El Centro de Investigación y Formación Obrera de Venezuela, en cambio, separa las causas de la crisis de Venezuela, originadas en los más de 20 años de la revolución bolivariana, de las consecuencias recientes de las sanciones económicas. En una investigación señaló que “el real efecto de las vigorosas sanciones apenas está tomando su rostro, con resultados considerables, pero lejos de ser la causa de la catastrófica crisis económica”.
Estas dos posturas resumen uno de los debates que surge con cada nueva sanción: las consecuencias que pagan los venezolanos, a quienes no les alcanza el dinero para mantener los niveles mínimos de una vida digna. Los discursos de Trump y Maduro incluyen referencias a las sanciones como la única forma de ayudar a los venezolanos, en el caso estadounidense, y como la causa de la catástrofe económica del país petrolero, desde el lado venezolano.
¿Otras alternativas?
A lo largo de la historia, las sanciones no han resuelto los problemas causados por los regímenes dictatoriales o totalitarios. En este caso, esas medidas no deberían verse como solución a la crisis, sino como un instrumento para propiciar un diálogo entre el oficialismo y la oposición.
“Si la oposición entiende las sanciones como un mecanismo de presión para la negociación política, y no para sacar al Gobierno, serían la energía que puede impulsar una negociación”, dijo León. Si la oposición sigue promoviendo sanciones pero rechaza las negociaciones, el país estaría en el peor escenario: la destrucción económica de Venezuela con Maduro atornillado al poder.
Estas medidas pueden alentar la migración, dada la escasez. La encuesta del Proyecto Migración Venezuela encontró que la falta de alimentos, la necesidad de buscar recursos y la inseguridad fueron las principales razones de los consultados para emigrar.