No se creará una nueva corte en dicha jurisdicción, la Corte Suprema de Justicia será el tribunal de cierre para algunos asuntos y el Consejo de Estado para otros.
Por 16 votos a favor, la comisión primera del senado le abrió paso, en séptimo debate, al proyecto de reforma constitucional que establece una jurisdicción agraria y rural, producto de la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y las extintas Farc, luego de lograrse un consenso para continuar su última discusión y votación en la plenaria de la corporación.
Un receso de parte de los legisladores, en medio de la sesión, logró el acuerdo para viabilizar la iniciativa con la presencia de los ministros del interior, Luis Fernando Velasco Chaves; de agricultura, Jhenifer Mojica Flórez; y Néstor Osuna Patiño, de Justicia, quienes, junto al coordinador ponente, Alexander López Maya, Coalición Pacto Histórico, y otros senadores, viabilizaron el trámite al último debate.
Dentro del articulado aprobado, fruto del acuerdo, no se creará una nueva corte en dicha jurisdicción. La Corte Suprema de Justicia será el tribunal de cierre para algunos asuntos y el Consejo de Estado para otros, medida respaldada no sólo por los congresistas integrantes de esa célula legislativa, sino por los ministros.
El proyecto de acto legislativo tendrá su última prueba en la plenaria del Senado, y, si logra las mayorías, será promulgada como norma constitucional.
¿Qué es la jurisdicción agraria?
La creación de la jurisdicción agraria y rural, inicialmente, es un avance importante para tramitar las conflictividades alrededor de la propiedad, ocupación, posesión, tenencia y uso de la tierra y los territorios, así como los procesos agrarios en fase judicial con fines de recuperación de las tierras necesarias para la reforma agraria y la paz total. Con esta iniciativa se pretende brindar seguridad jurídica y certezas sobre los derechos de la tierra a los campesinos que históricamente se han dilatado con limitaciones procesales de la jurisdicción ordinaria.
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El proyecto de reconocimiento del campesinado como sujeto de especial protección constitucional implica la aceptación e incorporación en el bloque de constitucionalidad de la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales.