Esta disposición tendrá un gran impacto en el sector rural, ya que los pequeños productores generan el 70% de los alimentos del país y más del 50% del empleo del sector agropecuario.
El 30% de las compras de alimentos que se realicen con recursos públicos del Estado, deben comprarse exclusivamente a pequeños productores del sector agropecuario de Colombia.
El decreto puso fin a las restricciones que tenían los pequeños productores del agro en la participación de las compras de alimentos que efectúan las entidades públicas, o que se realicen con recursos públicos.
Incluye, entre los compradores y oferentes, a entidades públicas del Gobierno Nacional, departamental o municipal, entidades mixtas, así como entidades privadas que suscriban contratos con el Estado y manejen recursos públicos.
Los productores que quieran acogerse a este beneficio deben registrarse en las secretarías departamentales de agricultura o la dependencia que cumpla esta función, dentro del Sistema Público de Información y certificar el cumplimiento de los criterios que se indican en el decreto para convertirse en potenciales proveedores.