Ya en una oportunidad la historia habla de este método de gobierno, que no prosperó a causa de rivalidades y diferencias entre líderes.
En general, el federalismo es percibido como un método de gobierno en el que un país establece una división estructural en su territorio con el objetivo de darle a cada zona cierto grado de autonomía política y, así, buscar mantener un balance entre los grados de poder ejercidos en cada región, permitiéndoles desarrollar, hasta cierto límite, su propia legislación adaptada a las necesidades de los habitantes.
Este modelo comúnmente es comparado con la manera en que funcionan las organizaciones como los sindicatos, debido que cada uno de los conjuntos mantiene independencia al momento de poner en marcha algún plan o escoger alguna medida, sin embargo, cada uno hace parte de una entidad común mayor.
En la actualidad, el estado federal aplica en países como Estados Unidos, México, Alemania, Suiza, Venezuela, Brasil, Australia, Canadá y Argentina, cuyo gobierno está basado en un conjunto de leyes federales, a las que deben acogerse todos los ciudadanos, generalmente sobre economía, defensa nacional, seguridad y relaciones exteriores; y las leyes estatales, emitidas por cada uno de los estados que completan el país y que tienden a ser diferentes entre sí.
Lo contrario al federalismo, es el centralismo, que no es más que la concentración del poder de gobernar en un solo ente, que toma las decisiones de manera universal.
Durante el gobierno federal, los Estados Unidos de Colombia
estaban divididos en nueve estados que contenían autonomía política.
Estados Unidos de Colombia
Colombia tuvo la oportunidad de ser un Estado federal desde 1863 hasta 1880; durante 17 años el territorio estuvo conformado por nueve regiones que poseían capacidades de autogobierno para solucionar las problemáticas focalizadas. En ese entonces, los Estados Unidos de Colombia estaban formados de la siguiente manera:
Estado de Antioquía, cuya capital era Medellín; Estado de Bolívar, con Cartagena de Indias como capital; Boyacá, Tunja; Cauca, Popayán; Cundinamarca, Bogotá; Magdalena, Santa Marta; Santander, Pamplona, Bucaramanga y El Socorro; Tolima, Purificación, Neiva, Natagaima, Guamo e Ibagué y Panamá, con Ciudad de Panamá como capital.
Esta forma de gobierno fue fielmente defendida y liderada por Camilo Torres Tenorio, quien desde 1815 manifestó su contraparte ante la idea de tener un sistema unitario de gobierno. Además, ese mismo año fue escogido como presidente de lo que se conocía como Provincias Unidas de la Nueva Granada.
Según explica la Sociedad Geográfica de Colombia, el federalismo trajo consigo una serie de cambios, entre los cuales resaltaron el debilitamiento del poder ejecutivo, el posicionamiento y fortalecimiento del poder legislativo, la reducción del Ejército Nacional, los periodos de presidencia quedaron estipulados a dos años; así mismo se le dio paso a un Congreso bicameral, que constaba de una Cámara de Representantes populares y un Senado de diplomáticos, con la opción de tres representantes por Estado; el presidente se convirtió en un actor cuya función estaba limitada a ejecutar las decisiones del Congreso y cada uno de los nueve Estados contaba con una Constitución y un Ejército propios.
“La Constitución de 1853 estableció un régimen centro federal y permitió la creación de Estados a partir del agrupamiento de provincias. La paulatina creación de Estados obligó, en 1858, a redactar una constitución federal. Sin embargo, los desacuerdos entre el gobierno conservador de Mariano Ospina Rodríguez y la oposición liberal en varias regiones alrededor de las leyes de 1859, que limitaban la soberanía estatal, llevaron a una guerra civil”, explica Edwin Cruz Rodríguez, miembro del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, en un artículo publicado por la revista Principia Iuris.
Dicha disputa tuvo como principal motivación los constantes altercados que estaban vigentes en torno a las repercusiones del federalismo para los grupos élites de los partidos políticos, esta situación conllevó a que el Partido Liberal excluyera al Conservador de las Convención de Río Negro, en la cual quedó concretada la soberanía absoluta de los estados.
Por lo anterior, los asuntos de orden público interno quedaron fuera del alcance de intervención por parte del Gobierno de la Unión, que, según el Pacto de la Unión de 1861, residía en un territorio denominado «Distrito Federal», designado por el Congreso.
Posterior a esa vigencia, se desataron distintos intentos de una reforma constitucional siguiendo los altercados entre quienes defendían el Estado Federal y quienes optaban por permitir que el Gobierno de la Unión pudiera intervenir en los asuntos de orden público que tomaban lugar en los estados. Fue así como los miembros del Partido Liberal se dividieron y surgieron nuevas alianzas que involucraban a los independientes y a algunos Conservadores, que luego de alcanzar el ejercicio del Gobierno Central, se pusieron en la tarea de reformar la Constitución y dar pie a las intervenciones previstas, en 1880, bajo la firma del entonces presidente, el General José María Campo Serrano, único mandatario samario que ha tenido el país.
La idea de volver a implementar el Federalismo en Colombia es un tema que surge en el plano político cada cierto tiempo. Para algunos, este sería el método más adecuado para agilizar la inversión del Gobierno en las regiones y así ejecutar los proyectos que se creen convenientes en cada departamento. Sin embargo, la anterior falla de esta doctrina en el territorio es un indicador de que quizás el país no está estructurado para adoptar este modelo.
Según algunos expertos consultados por esta casa periodística, entrar al federalismo en pleno siglo XXI haría más visibles las brechas económicas que actualmente existen en los distintos territorios colombianos, además, se convertiría en una manera de hacer más ricos a algunos departamentos y a otros más pobres, dependiendo de la producción industrial, el uso de recursos no renovables, fuentes propias de ingresos o la empleabilidad de su gente.
“Evidentemente un Gobierno Federado implica mayor autonomía en la toma de decisiones, pero ¿Será suficiente lo que produce un departamento como el Magdalena para lograr su autosostenimiento?, ¿cuáles serían las cargas impositivas que deberían asumir sus ciudadanos para lograr un punto de equilibrio entre sus ingresos y los gastos para atender las necesidades básicas insatisfechas de sus pobladores?”, plantea uno de los abogados, agregando que el problema principal en el país es el hecho de que existen muchas disparidades entre regiones, sumado a las diferencias culturales y políticas.
De acuerdo con su explicación, el Magdalena, específicamente, tiene una de las cifras más bajas en cuanto a aportes al PIB. Al ser un departamento meramente agrícola, sin producción de minerales, manufactura ni industrias químicas, se vería afectado en la obtención de recursos propios para sostener soberanía política. Además, al pensar en federalismo, se debe tener en cuenta también que se requiere un gasto burocrático, es decir, tener jueces y parlamento propio.
“Creo que la gente que habla de federalismo lo hace creyendo que es sólo mayor poder ejecutivo, pero no entienden que es también mayor responsabilidad frente a los otros poderes públicos y con todo deben ceder si o si ante el poder nacional. Así pasa en los Estados Unidos. Lo que yo creo es que lo que hablan de federalismo quieren es un país independiente, en donde se ejerza un poder sin límites”, añadió.
Por otro lado, el centralismo que hoy en día impera en Colombia no ha sido exactamente una limitante para que algunos entes territoriales hayan impulsado el desarrollo y, aunque aclaran que no es este modelo el mejor para gobernar, existen otras formas de mejorarlo que no impliquen federalismo.
“Tal vez en algunos asunto puede requerirse mayor descentralización administrativa, como manejo de recursos de regalías o manejo de recursos para sectores productivos, en este caso cuando la nación asigne recursos, por ejemplo para el agro, no se destinen desde el nivel central sino por departamento y estos sean quienes permitan el acceso con equidad a quienes participan de ese sector”, puntualizó uno de los consultados.
Por lo anterior, es válido esclarecer entonces que adoptar un modelo de gobierno federal no representa mucha viabilidad para el país, dado a que es una estrategia costosa que se vería afectada por los bajos niveles de producción que hoy en día poseen algunos de los departamentos más pobres de Colombia.
Desde 1863 hasta 1880 Colombia fue un estado federal fallido, reestructurado con la Constitución de 1830, que estableció al país como una república. En ese entonces, estaba encargado de la presidencia el General José María Campo Serrano, quien firmó dicha Carta Magna. El general Campo Serrano ha sido el único presidente samario de la nación.