Más de 15 millones de chilenos tienen una cita histórica con la democracia, cuando se vote el plebiscito que podría cambiar la Carta Magna heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.
Hoy más de 15 millones de chilenos están llamados a las urnas para aprobar o rechazar la nueva Constitución en un proceso inédito para sustituir la escrita en 1980 durante la dictadura y que podría suponer el fin del sistema neoliberal que rige en el país desde hace casi medio siglo.
Estas son las claves para entender un proceso que arrancó hace casi tres años en medio de una oleada de protestas y que ha despertado el interés del mundo por su naturaleza única y revolucionaria, y por su posible influencia en otros países.
El nuevo texto es fruto del trabajo de una convención constituyente paritaria elegida de forma democrática tras el acuerdo firmado el 15 de noviembre de 2019 en el Parlamento entre el Gobierno, distintos partidos de la oposición y diputados de forma individual como Gabriel Boric, actual presidente de la República.
El texto a consulta tiene 388 artículos y 57 normas transitorias, con lo que será, de aprobarse, una de las constituciones de mayor extensión en el mundo.
El acuerdo, consensuado tras un mes de movilizaciones callejeras pacíficas, actos de extrema violencia y dura represión policial, incluía la celebración de un plebiscito que por primera vez en la historia de Chile será obligatorio para todos los ciudadanos mayores de edad, sin necesidad de inscripción previa en un patrón.
Un proceso constituyente pionero
El 25 de octubre de 2020, en plena pandemia, los chilenos fueron convocados a las urnas por primera vez por el Gobierno del presidente conservador Sebastián Piñera para decidir si querían cambiar la actual Constitución, escrita en 1980 por la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989) y parcialmente reformada en 2005 bajo el presidente socialista Ricardo Lagos.
Cientos de ciudadanos participaron en el multitudinario cierre de campaña de los simpatizantes por la opción de votar "apruebo" al referendo que se disputa hoy en Chile.
Un 78% de los votantes optó por el sí en una consulta en la que apenas participó el 50% de la población y en la que se decidió, asimismo, que el nuevo texto lo elaborara una convención "ad hoc" elegida igualmente en las urnas.
En mayo de 2021 los chilenos volvieron a las urnas para elegir a los 155 integrantes de la convención que debía ser paritaria y que debía reservar asimismo 17 puestos a los pueblos indígenas, que representan cerca del 13% del pueblo chileno.
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Después, el 4 de julio de 2021 la convención inició los trabajos para completar el proyecto inconcluso que puso en marcha el Gobierno de Lagos y llevar a cabo un deseo que había impulsado igualmente la presidenta Michelle Bachelet (2014-2018).
La Constituyente cumplió con el plazo de nueve meses prorrogable a un año para presentar un borrador de texto constitucional, pese a las polémicas, el ruido y las críticas de las derecha, que apenas logró representación entre los constituyentes.
El 4 de julio de este año, el borrador fue entregado al presidente de la República, quien convocó de inmediato el plebiscito.
Un estado ecológico, social y feminista
El texto que será sometido a votación el domingo entierra el sistema neoliberal que rige en Chile desde la dictadura y avanza hacia un estado social de derecho con una mayor presencia de lo público.
Está considerada como la “Constitución más feminista del mundo” y declara como pilar el "Estado ecológico", con una decidida apuesta en defensa del medioambiente y la vocación de luchar contra la crisis climática.
La Constitución a plebiscito en Chile, es una de las más feministas del mundo.
Asimismo, avanza hacia un sistema de salud primaria universal, un fortalecimiento de la Educación pública y un sistema de pensiones público.
Aboga por acabar con la privatización de recursos esenciales como el agua y facilitar el acceso a la vivienda y a otras conquistas de igualdad de derechos y justicia social.
Incluye la definición de Chile como un estado plurinacional, reconoce los derechos de los pueblos indígenas y de la Justicia indígena, que son algunos de los puntos que más oposición concitan en los partidarios del rechazo.
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Cambia las atribuciones presidenciales, elimina el Senado y propone un sistema asimétrico con la creación de una de Cámara de las regiones en busca de la descentralización.
Incertidumbre por el resultado
Las encuestas realizadas hace dos semanas, antes de la prohibición para publicar sondeos, apuntaban hacia una victoria del "rechazo" con una horquilla de diferencia que oscilaba entre los 10 y los seis puntos.
Expertos advierten, sin embargo, que el resultado es incierto ya que no existen precedentes de una votación similar en Chile en tiempo recientes.
En menos de dos décadas, Chile pasó de ser uno de los países más conservadores de la región, con el divorcio y cualquier tipo de aborto prohibidos, a escribir una de las constituciones más feministas del mundo, un texto que pivota sobre la igualdad de género.
Por primera vez, el voto es obligatorio sin necesidad de inscribirse, condición que hará que haya un gran número de electores que se acerquen por primera vez a las urnas, ya sea porque acaban de lograr la mayoría de edad, porque no solían hacerlo en las elecciones presidenciales y legislativas o porque quieran evitar las multas.
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En el plebiscito participará, además, cerca de medio millón de ciudadanos extranjeros cuya tendencia es igualmente una incógnita.
El día después
Más allá del resultado, parece que existe consenso entre los partidarios del apruebo y del rechazo sobre el hecho de que el proceso constitucional en Chile seguirá más allá del 4 de septiembre ya sea para precisar y desarrollar la nueva Constitución o para escribir una nueva en caso de que gane la opción del no.
Pero existe igualmente una diferencia en cómo encara cada una de las opciones el día después de la consulta.
El pasado 10 de agosto, en plena campaña, los partidos de la alianza de Gobierno (el oficialismo) firmaron un acuerdo para comprometerse a introducir los cambios necesarios y para coordinar el desarrollo de las leyes necesarias para aplicar el nuevo texto.
En caso de que gane el rechazo, el presidente Boric y los partidos del apruebo indican que se debe elegir una nueva convención constituyente que vuelva a discutir un nuevo texto para cumplir con el deseo expresado por los ciudadanos en las urnas, para lo que según el servicio electoral deben pasar primero 125 días.
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Los partidarios del no, liderados por los partidos de derecha, prefieren, sin embargo, que sea una comisión de expertos acotada y con intervención del Congreso la que se encargue de redactar el nuevo texto, opción para la que no han pronunciado plazos ni han firmado un documento que les comprometa a ello.
Un mes antes del plebiscito, el Congreso aprobó una reforma que redujo a cuatro séptimos el cuórum necesario para modificar la actual Constitución.