Imputan detrimento patrimonial a dos exalcaldes del Magdalena

Edgardo ‘Nene’ Pérez Díaz y Rivelino Mendoza Ballesta, procesados.

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Los mandatarios son investigados por la Contraloría a causa de presuntas irregularidades en sus administraciones anteriores.

En un comunicado la Contraloría General del Magdalena en virtud de sus facultades de vigilancia y control fiscal reportó presuntas anomalías de los recursos públicos del orden departamental, imputando responsabilidad Fiscal a los ex alcaldes de los municipios de Ciénaga y Ariguaní.  

Según se conoció en el documento detalla que en el caso de Edgardo Pérez Díaz anterior administrador municipal de Ciénaga el motivo de la imputación de los cargos es el presunto detrimento patrimonial que se establece en la celebración de un contrato de prestación de servicios por un valor de Noventa y cinco millones de pesos.

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Además, dicho contrato fue establecido con la Fundación Social Visión Guajira que tenía como objeto: “la prestación de servicios para el apoyo a la gestión en la elaboración del diagnóstico integral del archivo municipal, actualización y ajuste de la tabla de retención documental y elaboración de instrumentos archivísticos.”

Cabe resaltar que de esta imputación, se siguen otros procesos ordinarios de Responsabilidad Fiscal en su contra, en los que el valor del presunto detrimento patrimonial asciende a la suma de dos mil millones de pesos.

Ex alcalde Ariguaní 

Por su parte, en relación al ex alcalde del municipio de Ariguaní Rivelino Mendoza Ballestas, la imputación se sustenta en que el ex mandatario como representante legal de la administración municipal de Ariguaní no presentó, ni canceló oportunamente las obligaciones tributarias de la entidad territorial a su cargo, contrariando lo reglado en el artículo 376 del Estatuto Tributario Nacional, generando el pago de intereses moratorios y sanciones económicas, los cuales pudieran constituir un presunto detrimento patrimonial

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Así mismo, la Contraloría adelanta otros procesos ordinarios de investigación en su contra, por hechos relacionados con su gestión como mandatario cuyo presunto daño al patrimonio público supera los ciento sesenta millones de pesos.

Finalmente, la Contraloría General del Magdalena mantiene su postura en contra de los hechos que atenten contra el recto ejercicio de la administración de los recursos del Estado, por lo que una vez más, reafirma su compromiso con la ciudadanía magdalenense, de proteger el patrimonio público.