El ente de control hizo un llamado urgente para que se garanticen los derechos de más de 140.000 beneficiarios del programa en el departamento.
La Procuraduría General de la Nación hizo un llamado urgente al presidente del Órgano Colegiado de Administración y Decisión, Ocad Caribe y gobernador de Bolívar, Vicente Antonio Blel Scaff, para que se garanticen los derechos de más de 140.000 beneficiarios del Programa Alimentación Escolar, PAE, en el departamento de Magdalena.
El ente de control requirió a Blel Scaff adoptar las medidas necesarias para evitar afectaciones en la continuidad del servicio de alimentación escolar que debe brindarse a los niños, niñas y adolescentes, titulares de derecho de esta estrategia de acceso y permanencia escolar.
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En su comunicación, la Entidad manifestó su preocupación porque, tras más de cuatro meses de ser aprobado por la Gobernación de Magdalena el proyecto presentado para la implementación del PAE, el consejo de administración de la Región Administrativa y de Planificación del Caribe, RAP, Caribe, segundo ejecutor asignado, manifestó su negativa a dicha designación.
Igualmente, el Ministerio Público hizo saber que a comienzos de enero de este año, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Icbf, también respondió negativamente a tal nominación del Ocad, por no tener la competencia legal para ejecutar el programa.
“En el marco de las competencias preventivas y de control de gestión referidas anteriormente, advertimos del riesgo inminente de que no se logren destinar los recursos necesarios a la alimentación escolar”, señaló en su misiva la Procuraduría.
Finalmente aseveró que “el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes, es el imperativo que obliga a todas las personas a garantizar la satisfacción integral y simultánea de todos sus derechos humanos, que son universales, prevalentes e interdependientes”.
La Procuraduría recordó que esta actuación no implica coadministración ni injerencia en las decisiones de las entidades estatales o de los particulares que ejercen funciones públicas, solo busca evitar que se materialice el riesgo de que opere la liberación automática de los recursos, y con ello la desaparición del proyecto.