Desde la Unimag ratifican compromiso con protección de los derechos de la población migrante

La Alma Mater reunió a expertos en procesos de movilidad humana y abordó cifras, mecanismos y normatividad para la atención de esta población.

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Colombia es uno de los pocos países, junto a Estados Unidos y Turquía, que constituyó un estatuto temporal para la protección de personas migrantes.

En el marco de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos en Colombia, la Universidad del Magdalena, en alianza con la Federación Nacional de Personerías – Fenalper, la Personería de Santa Marta y el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, fue epicentro del conversatorio denominado ‘Derechos humanos, enfoque de género y migración’.

Con la presentación de ponencias y la socialización del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos, la Alma Mater reunió de forma virtual y presencial a expertos en procesos de movilidad humana y abordó cifras, mecanismos y normatividad para la atención de esta población de especial protección constitucional, que asciende a 1.742.927 personas del país hermano, según datos de Migración Colombia.



El espacio académico se constituyó en una de las iniciativas del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de esta Casa de Estudios Superiores, contempladas dentro de las alianzas que sostiene con Acnur y la Corporación Opción Legal, en aras de apoyar a la población migrante en materia de acceso y reivindicación de sus derechos. Así mismo, con el propósito de iniciar el proceso de formación y capacitación a estudiantes, en la atención y acompañamiento a personas vulnerables.

El evento fue presidido por el abogado magíster Christian Rodríguez Martínez, director del Programa de Derecho; la abogada especialista Giovanna Simancas Tinoco, directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación; Didier Santos Torres, personero delegado del Distrito de Santa Marta, y Christian Caicedo Carbonell, coordinador jurídico de Fenalper.

“Esta es una apuesta para continuar siendo garantes de derechos mediante acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de las personas en condición de migración y facilitarles los mecanismos de acceso establecidos en el Estatuto Temporal”, afirmó la abogada especialista Giovanna Simancas.
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Con un registro de atención a más de 3.000 personas víctimas del conflicto armado, la Institución se ha caracterizado por su trabajo social y ha sido aliada estratégica de fundaciones, organizaciones no gubernamentales y corporaciones en la implementación de políticas incluyentes.

Mediante estas iniciativas académicas y de transformación positiva en el territorio, como lo consagra su Plan de Desarrollo 2020-2030, Unimagdalena ratifica su compromiso para luchar contra la exclusión, asumiendo la educación desde el enfoque de derechos e incentivando en su comunidad estudiantil el respeto y el reconocimiento de la diversidad.



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