La acción jurídica fue interpuesta por el reconocido abogado Miguel Martínez, quien alega que el mandatario estaría usando el color de su movimiento político en asuntos institucionales.
Asimismo, Martínez Olano solicitó una medida provisional para que se le obligue al mandatario departamental a no emplear en los eventos y cuestiones de la administración pública el color naranja mientras se desarrolla el proceso judicial.
Esta acción popular fue presentada el pasado mes de abril, donde el abogado denunciaba el uso aparentemente desmedido del color naranja en elementos como uniformes de deportistas, puestos de salud, uniformes de funcionarios en entidades del departamento, vehículos, andenes, entre otras cosas, pasando, al parecer, por encima de los símbolos del Magdalena, los cuales históricamente han sido representados por los colores azul y rojo, mismos que conforman la bandera magdalenense.
Al juez habría admitido esta demanda dado a que se estaría amenazando el derecho consagrado “en el literal b, del artículo 4 de la Ley 472 de 1998”, que habla de los intereses colectivos, entre esos la moralidad administrativa y la defensa del patrimonio público.