Profesionales del sector salud y del derecho, debatieron sobre el polémico proyecto, los posibles cambios en el modelo de atención, el papel de las EPS y los criticados ajustes a los mecanismos existentes.
En este espacio, participó la doctora Carolina Corcho Mejía, vicepresidente de la Federación Médica Colombiana y docentes de la Facultad de Ciencias de la Salud y Humanidades de la Alma Mater.
Corcho, representante de los galenos, hizo una fuerte crítica al Sistema de Seguridad Social vigente por la Ley 100 de 1993. "En Colombia hay 5 millones de colombianos que por lo menos no tienen carné, se ponen 220.000 tutelas al año, tutelando el derecho fundamental a la salud, y un millón de quejas ante la Superintendencia de la Salud por inatención hace dos años (…) lo que se hizo fue una privatización forzada, y lo que se dijo a las cajas de compensación, prepagadas y sector cooperativo, es: ¡abran EPS con la cédula, que nosotros ponemos los capitales!”.
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Los especialistas coincidieron, en que este proyecto es impertinente para llegar a la solución de problemáticas que tiene el sistema, contradice la ley estatuaria de salud y piden que se retire para que se presenten nuevas propuestas. "Va en contra de la Constitución, no resuelve las necesidades de la población y restringe el plan obligatorio de salud en vez de aumentarlo", afirmó la abogada magister Diana Sánchez García, docente del Programa de Derecho.
Los panelistas manifestaron su preocupación ante el papel que representan las empresas promotoras de salud de aprobarse esta reforma. Asimismo, expusieron que esta ley no brinda garantías para el acceso a la salud. "La medicina solamente no significa salud familiar, se necesita más acompañamiento del Estado para atender todos conflictos que una familia puede tener. La salud no se limita únicamente al servicio de un médico", mencionó el doctor Ubaldo Rodríguez De Ávila, docente del Programa de Psicología.
Regionalizar a la salud
El proyecto de reforma a la salud cuenta con el aval del Gobierno y un mensaje de urgencia de sus promotores. Entre sus puntos más cuestionados, sobresale el de crear regiones de salud con aspectos comunes para garantizar promoción, prestaciones de servicios, aseguramiento y creación de redes específicas para cada territorio común. "El objetivo del proyecto es sectorizar la salud y eso tiene fines lucrativos. Con esto, se reglamentaría la alianza público-privada donde los privados administran el negocio y la inversión en investigación científica, por ejemplo, estaría en manos de ese sector", añadió el doctor Rodríguez.
"Nos preocupa la autonomía universitaria": profesionales de la salud
"Cuando se crean planes de beneficios eso restringe la autonomía universitaria", así lo planteó la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina, quienes mediante un comunicado oficial dieron a conocer su punto de vista acerca de los planes de formación que incluye esta reforma a la salud.
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Al respecto, la terapeuta ocupacional magister en salud pública, Lidice Álvarez Miño, docente del Programa de Enfermería, precisó que "estos planes que manejan entidades financieras que no son de salud y que se llamarían administradoras de planes de beneficios, restringe la autonomía médica y profesional, lo cual es grave, porque en este caso, atender a una persona que requiere cierto tratamiento dependería del dinero o plan que le corresponde a esa persona".
Los panelistas, concluyeron que estos espacios dan a entender la complejidad de un modelo que es desigual. “Lo importante es que se garantice que este sistema sea sostenible financieramente, porque de una u otra manera cada acción de salud tiene unos costos que hoy en día tienen que ser representativo”, señaló el magister Juan David Salcedo, docente del Programa de Odontología.