El Juzgado 5 Civil Municipal de Santa Marta admitió una acción de tutela presentada por la diputada Elizabeth Molina en contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, y del exalcalde Rafael Martínez por “violación de su derecho fundamental a la honra y buen nombre”.
La diputada Molina denuncia que la vincularon falsamente a un cartel de la salud sin existir algún proceso penal o sentencia en su contra, desconociendo su buen nombre. Solicita ordenarles a los demandados rectificar sus acusaciones.
El Juzgado otorgó a los accionados 48 horas para pronunciarse sobre los hechos de la demanda.
La acción de tutela había sido rechazada por el Juzgado Quinto Civil Municipal de Bogotá mediante auto adiado 27 de abril hogaño, por falta de competencia territorial, remitiendo el expediente digital a la Oficina Judicial de la capital magdalenense para que fuera repartida entre los jueces de la misma categoría del Circuito Judicial de Santa Marta. Así las cosas, verificados los presupuestos legales y jurisprudenciales que determinan la competencia territorial en materia constitucional, el Juzgado aceptó el conocimiento, estudio y resolución del presente asunto.
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