Nuevo llamado al departamento a incorporar recursos para implementación de la alternancia

El Magdalena solo ha podido certificar 19 Instituciones Educativas para implementar este modelo.

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El ente de control requirió informes a 23 entidades territoriales por demoras en la incorporación de recursos para la implementación de los planes de alternancia.
La Procuraduría General de la Nación exhortó a cinco gobernadores entre ellos el de Magdalena, y a 18 alcaldías (la de Santa Marta incluida) a adelantar las acciones necesarias para garantizar la oportuna gestión de los recursos del Fondo de Mitigación y Emergencias, Fome, para la implementación de los planes de alternancia requeridos para el retorno gradual, progresivo y seguro de los niños, niñas y adolescentes a la presencialidad en las instituciones educativas públicas del país.

El Ministerio Público advirtió demoras en la incorporación y ejecución de los recursos por parte de los departamentos de Boyacá, Meta, Nariño, Amazonas y Magdalena, y de los municipios de Turbo, Enviado y Apartadó, Antioquia; Sogamoso, Tunja y Duitama Boyacá; Facatativá, Funza y Chía, Cundinamarca; Jamundí y Buenaventura, Valle del Cauca, Manizales, Caldas, Yopal, Casanare, Quibdó, Chocó, Neiva, Huila, Santa Marta, Magdalena, Ipiales y Cúcuta.

La alternancia en el Magdalena

En tan solo 19 Instituciones Educativas, 2 públicas y 17 privadas, el Comité de Alternancia Departamental, dio su concepto favorable de forma mayoritaria para la aprobación del proceso de alternancia gradual, progresiva y segura.

Según el informe del Comité entregado la semana pasada, de las 39 instituciones educativas públicas y privadas que se postularon de forma voluntaria para la aprobación de la alternancia, 19 cumplieron con todos los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación y recibieron el aval de los comités municipales tras la visita técnica a sus planteles, por lo que podrán dar clases presenciales en algunos grados a través de este modelo.

La Procuraduría continuará adelantando estricta vigilancia a la garantía del derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes del país y al retorno gradual, progresivo y seguro de los estudiantes a las instituciones educativas a partir del esquema de alternancia.