El Tribunal Administrativo del Magdalena emitió la decisión, en busca de lograr recopilar todos los elementos probatorios enmarcados en la acción popular interpuesta en contra de entidades del orden nacional y departamental por no “tratar a tiempo la socavación de la vía”.
Luego de realizar una inspección judicial en el kilómetro 2.1 del sector en cuestión, el pasado 5 de noviembre, en conjunto con los actores pertinentes relacionados con la problemática, se pudo determinar el estado actual de la vía socavada, que amenaza con perjudicar a alrededor de 150 mil habitantes de los municipios aledaños y 330 mil hectáreas, de tomarse cartas en el asunto lo antes posible. Por lo anterior, la acción popular está dirigida a proteger los derechos colectivos “a la seguridad y la salubridad pública, y la defensa del patrimonio público”.
En el recorrido, el Tribunal determinó que “parte de las entidades accionadas se encuentran en labores de coordinación y gestión para mitigar y evitar el daño causado, tales como la intervención de puntos críticos, dragado parcial de la Isla Tamarindo, adelantamiento de estudios y análisis técnicos, entre otros”.
Por lo tanto a la audiencia virtual de rendición de informes y recepción de declaración fueron citado citados funcionaros de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, del Instituto Nacional de Vías, Invías, Cormagdalena y del Departamento del Magdalena, con el único fin de escuchar la información detallada de las obras de dragado en el río por parte del personal técnico encargado.
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