Por esos hechos, el Ministerio Público calificó su conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa grave.
En fallo de segunda instancia, la Procuraduría Regional de Bolívar señaló que los disciplinados incurrieron en una omisión injustificada al no suministrar esa información a la Contaduría General de la Nación, la cual es utilizada para consolidar la actividad financiera de las entidades públicas del país.
A juicio del órgano de control, los exfuncionarios debieron cumplir, incluso por fuera del plazo establecido inicialmente, con la publicación y envío de la información en el Formato Único Territorial, pero no lo hicieron, con lo que afectaron de manera clara la función pública y los principios que la rigen.
Teniendo en cuenta que los disciplinados ya no son servidores públicos, la sanción se convertirá en salarios de acuerdo con el monto de lo devengado al momento de la comisión de la falta.