En medio de un mar de nostalgia, Patricia Obregón, hoy estudiante del programa de Antropología de la Universidad del Magdalena, cuenta cómo pudo retornar a la institución luego de verse en la obligación de abandonar Santa Marta por sus labores como líder estudiantil, que le provocaron amenazas de muerte por parte un grupo al margen de la ley que operaba en la región y que buscaba interceder en la actividad administrativa del centro educativo.
Durante ese año, entraba en vigencia la Ley 30 de 1992, que cambió la dinámica administrativa al interior de las universidades públicas y causaba preocupación entre el cuerpo estudiantil la posibilidad de dar un paso hacia la privatización, siendo este también uno de los principales motivos de la lucha estudiantil en pro de salvaguardar los derechos de los estudiantes, quienes pagaban precios de matrícula extremadamente bajos.
Además, luchaban por tener votación directa en la elección del rector de la universidad y no sólo participar a través del método de consulta, que era lo que estipulaba la mencionada ley. Siguiendo sus ideales y peleando en contra de la corrupción, empezaron a tomar fuerza las acciones propias del movimiento estudiantil.
“Teníamos una organización ‘sui géneris’ a nivel nacional, no teníamos rótulos ni nombres. Se fundamentaba en los distintos programas, cada uno tenía su consejo que, a su vez hacía parte de uno mayor en la facultad, que finalmente tomaba decisiones en asambleas generales”, explica Patricia Obregón, confirmando la existencia de liderazgos fuertes a través de los cuales se les dio inicio a discusiones en torno al fortalecimiento del paramilitarismo en la región.
El comienzo del miedo
De acuerdo con el relato de Obregón, en 1996 empezaron a evidenciar las primeras agresiones en contra de los estudiantes, iniciando, según recuerda, con el homicidio de Vicente Pérez, quien en ese momento ya era egresado del programa de Sociales. Su muerte se registró en Valledupar, de donde era oriundo, razón por la cual el caso no fue relacionado con su liderazgo en la universidad.
A partir de ahí, comenzó un proceso de desestabilización en la institución en el que entraron periodos de rectoría por encargo, a lo que el estudiantado se oponía, exigiendo su derecho a participar en la elección del cargo.
“En el año 1998 ya teníamos estudiantes que estaban presos por supuestos nexos con grupos al margen de la ley, lo que hoy se conoce como falso positivo. Empezamos a recibir amenazas y desaparecieron a la alumna Lesvia Polo, igual, fue un caso registrado por la prensa sin vincularla a sus procesos en la institución”, afirmó.
En esa época, la situación se volvió compleja y llegó al punto en el que empezaron a circular listas, emitidas por paramilitares de acuerdo con el relato de Patricia, en las que señalaban y estigmatizaban a los líderes como pertenecientes a grupos armados, lo que dio paso a desplazamientos, desapariciones y homicidios.
Desplazamiento
Luego de haber sido sancionada por tres años en la Universidad del Magdalena, a causa de su activismo para prevenir que la política distrital, departamental y, sobre todo, el paramilitarismo “metieran mano” en el centro de estudios, Patricia Obregón regresó a la institución en el 2001 con el objetivo de poder culminar sus estudios, sin embargo, padeció desplazamiento urbano a causa de la constante persecución de la que ella y su familia eran víctimas. Posteriormente, en el 2002, decidió abandonar la ciudad tras sufrir un atentado.
Con tres asignaturas pendientes, debió abandonar su sueño de convertirse en una profesional en Ciencias Sociales y se refugió en varias ciudades de distintas regiones del país para salvaguardar su integridad y la de sus cinco hijos.
“Yo, como líder estudiantil, asumí lo que significaba la defensa de la educación pública. Defendíamos la oportunidad de que los municipios pobres del departamento y las comunidades más necesitadas de Santa Marta pudieran acceder a la universidad y con el proceso de privatización y el aumento de las matrículas, esto iba a ser imposible, pero sabíamos en ese momento lo que iba a suceder”, cuenta, aclarando que esta situación actualmente es tema de investigación por parte de las autoridades y continúan a la espera de que se le dé claridad sobre el autor intelectual de estos hechos.
“Lo que hacía doler mi corazón era no poder terminar mis estudios”
Durante varios años, Patricia intentó reintegrarse a la universidad a través de educación a distancia, no obstante, no le era posible por cambios de pensum. Se dedicó a cultivar y criar animales para sobrevivir con su familia, sufrió fibromialgia a causa del estrés postraumático e, incluso, estuvo sin caminar casi seis meses.
En medio de su enfermedad y la decepción de ver que su vida avanzaba postrada en una cama sin poder hacer lo que le apasionaba, decidió enviar una carta a la institución que tanto le había dado y, a la vez, arrebatado.
Para ese entonces, la universidad ya estaba siendo administrada por Pablo Vera, actual rector, quien había hecho una propuesta para que los estudiantes que hubiesen estado fuera de la universidad por alrededor de diez años pudieran retomar sus estudios.
El programa al que quería volver ya no existía, sin embargo, siguió insistiendo a través de tutelas.
“Es la universidad en la que di toda mi vida, la defendí con pasión y sentí que me debían reparar, ¿cómo le indemnizan a un estudiante el sueño de ser profesional?”, manifestó.
Hoy, a sus 52 años, está reintegrada en el programa de Antropología, una carrera a fin con la que intentó culminar 18 años atrás y está próxima a recibir su diploma en diciembre de este año.
“Hoy puedo decir que es una universidad en la que no siento miedo y creo que eso es lo más importante después de lo que viví estos últimos 20 años”, puntualizó.
“Hoy puedo decir que es una universidad en la que no siento miedo y creo que eso es lo más importante después de lo que viví estos últimos 20 años”.
Patricia Obregón volvió a la institución bajo la rectoría de Pablo Vera, con quien surgió la propuesta que permitía retomar estudios a los estudiantes que hubiesen estado por fuera de la universidad por 10 años.
