Las posibles fallas corresponderían a contratos ejecutados y deudas adquiridas por la anterior gerencia.
Hallazgos que iría en detrimento de la Empresa Social del Estado, ESE Hospital Universitario ‘Julio Méndez Barreneche’ de Santa Marta fueron denunciados púbicamente por la gobernación de Magdalena y la junta directiva del centro asistencial en una junta realizada la tarde de este lunes.
En esta se anunció una serie de ajustes presupuestales con el objetivo de fortalecer el servicio de la red hospitalaria en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19.
En este mismo marco, el representante interno de los profesionales del centro asistencial, Tufith Atunes Celedón; el secretario de Salud Departamental, Jorge Bernal; el gerente del Hospital, Jairo Romo; la representante de la asociación de usuarios, Eliana Vergel Pineda; la representante externa de los profesionales de la ESE, Lina Miranda; y la asesora de la Gobernación, Ana Martha Miranda, quien convocó la reunión por directrices del gobernador Carlos Caicedo.
“A un mes de llagar a la gerencia, hallamos ciertas irregularidades que dejó la anterior administración del hospital, por ejemplo, el presupuesto de la entidad está ejecutado en un 66%, significa que presupuestalmente solo alcanza para funcionar hasta junio del presente año. Se recibe un hospital con un déficit presupuestal de $24 mil millones al cierre de la vigencia 2019 y a corte 31 de marzo de 2020, el déficit es de $12.771.269.415 el cual está proyectado a 31 de diciembre de 2020, y si no se toman acciones correctivas de austeridad en el gasto y fortalecimiento de los ingresos este llegaría aproximadamente a $51.085.077.660”, explicó Romo.
Igualmente, se indicó que, la nueva administración recibió a la institución con un pasivo de $44 mil 808 millones y un pasivo contingente de procesos jurídicos por valor de $40 mil 700 millones a pesar de tener contratados 17 abogados para la defensa de la entidad.
Se señaló además que, entre estos pasivos también se encuentran deudas por estampillas a favor de terceros por valor de 12 mil 000 millones de pesos y con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, por valor de $2 mil 391 millones de pesos.
Asimismo, se halló una cartera por recuperar de $85.348.655.711 (solo $19.680.542.376 corresponde a cartera corriente y de este $9 mil 000 millones pueden entrar en el programa de compra de cartera por parte de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, Adres, para el fortalecimiento del flujo de recursos y así enfrentar la pandemia).
También se habría encontrado que, en materia de servicios de salud se prestó atención a 21 mil 826 usuarios por un valor de $22 mil 000 millones de pesos, los cuales fueron dejados de facturar y corresponden a nueve meses, a pesar de tener contratado para ese proceso a 74 facturadores, lo que la Superintendencia de Salud considera como un posible detrimento patrimonial.
Además, la vigente gerencia recibió una institución con 910 contratos de prestación de servicios de los cuales, 383 son de personal administrativos y 512 corresponden al área asistencial. El valor de la contratación por personal administrativo es aproximadamente de $625 millones de pesos mensuales lo que equivale a $7.500 millones de pesos anuales.
Por otro lado, Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, dispuso diferentes soluciones ante la junta directiva por lo que indicó que, “vamos a hacer ajustes presupuestales y administrativos que permitan la recuperación del centro asistencial de cara a la pandemia lo que indica que no vamos a hacer masacre laboral pero sí a fortalecer la parte asistencial para hacerle frente al COVID-19 con equipos médicos y demás elementos que se requieren para la instalación de Unidades de Cuidados de Intensivos y la recuperación en quinto piso. A su vez, trabajaremos en la recuperación del octavo piso con recursos de regalías, teniendo en cuenta que este ha estado abandonado por años y nos puede servir para más camas frente.
Por su parte, Romo añadió que, “acordamos que la junta enviará información para revisión fiscal, teniendo en cuenta que la retención de dineros da para sanciones por posible detrimento al patrimonio por 21 mil millones de pesos. Del mismo modo, debemos reiterar que tenemos una prioridad la cual es atender la pandemia, sin desatender las patologías y para ello disponemos de unos recursos para amortiguación de pasivos por 10 mil millones de pesos”.