Megacárcel de San Ángel está siendo construida sin la debida consulta previa

El lugar en el que será construida la megacárcel en Sabanas de San Ángel, alberga tres lugares sagrados para la comunidad Chimila del municipio.

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Este grupo étnico solicita la implementación de esta medida, que debió ser incluida antes de firmarse el acta de inicio para la construcción del Eron, que está ubicado en un predio considerado sagrado.

Miembros del grupo indígena Chimila Ette Ennaka han hecho público su descontento en cuanto a la falta realizada por el equipo técnico de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Uspec; el Ministerio del Interior y el de Justicia por haber pasado por alto la realización de la Consulta Previa antes de firmar el acta de inicio de las obras de construcción de la megacárcel en el corregimiento Estación Villa de Sabanas de San Ángel.

Según explica Edilberto Riatiga, representante de legal de la comunidad, en el predio, que tiene una extensión de 185.70 hectáreas, hay tres sitios sagrados para los Chimila, que representan zonas importantes para el desarrollo de actividades ancestrales.

El 26 de diciembre del 2019, la Uspec manifestó a Riatiga que los predios no se encontraban afectados por la resolución 075 de 1990, proferida por el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, mediante la cual se constituye la comunidad y los terrenos para el establecimiento del Eron.

Riatiga aclara que la intención de la comunidad no es convertirse en la piedra en el zapato del proyecto, sino hacer valer los derechos que les corresponden y llegar a un acuerdo entre las entidades para que quienes integran el grupo étnico no se vean afectados y, por el contrario, puedan encontrar un punto común.
Edilberto Riatiga, representante de la comunidad Chimila.
Edilberto Riatiga, representante de la comunidad Chimila.

“Actualmente presentamos la solicitud de consulta previa para el proyecto de construcción del establecimiento carcelario en San Ángel. Nosotros actuamos bajo la indicación del marco normativo y jurídico que existe en el país y que lidera el Ministerio del Interior, a través de la dirección de Consulta Previa y la de Asuntos Indígenas”, explicó el representante, añadiendo que estas dependencias serían los principales receptores de la exigencia que hoy realizan los Chimila.

Irregularidades

La omisión a este derecho fundamental, según Edilberto Riatiga, fue identificada en un documento enviado por el Ministerio del Interior, sobre la expedición de certificación de presencia de comunidades étnicas en el área del proyecto, sin embargo, dicha resolución fue emitida con fecha 13 de agosto de 2015, la solicitud fue presentada el 4 del mismo mes y el 5 la Uspec elaboró el informe técnico que descartó la presencia de grupos indígenas, lo que infiere una falta de rigurosidad en el desarrollo del mismo.

Suspensión temporal

De no realizarse lo solicitado por la comunidad, Riatiga manifiesta que seguirá en pie la solicitud de suspender este proceso de construcción que actualmente está afectando los tres sitios sagrados, que fueron registrados a través del análisis de las coordenadas del polígono del área de influencia de la megacárcel.

“Tenemos toda esta información en estudios rigurosos desde el área interdisciplinaria que estamos manejando y que, efectivamente, da unas pautas y normativas que son exigidas para este tipo de intervenciones”, argumentó.




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